Posts Tagged ‘Ministerio Público’

La lucha contra la corrupción es de todos

5 junio 2017

Sin lugar a dudas, tenemos una sociedad agotada de los sobresaltos que agitan al país desde que iniciaron las investigaciones por delitos contra la administración, una sociedad que reclama respuestas, justicia y castigos ejemplares.

Existe un genuino interés de adecentar el país, para lo que todos debemos tomar responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Es inaceptable que algunos detractores busquen desvirtuar los avances obtenidos y las herramientas de negociación que se han puesto a disposición del Ministerio Público para atender este asunto sin precedentes en nuestro país.

La Procuraduría General de la Nación tiene un rol fundamental en esta lucha contra la corrupción, pero no es la única que debe estar comprometida con este objetivo. Apelamos a que se resuelva cuanto ante las acciones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que avancen las investigaciones. Todo lo relacionado a los señalamientos de corrupción son asuntos sensitivos y de interés nacional, por tanto, ameritan atención prioritaria, pues se trata de nuestros recursos económicos y la decencia del país.

Confiamos en que las autoridades de justicia de Panamá podrán llegar a los acuerdos necesarios con Odebrecht y otros implicados, en apego al debido proceso y en cumplimiento con la Constitución y la Ley, para que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se devuelvan al erario los dineros del pueblo, a fin de que enviemos un mensaje claro de que en nuestro país no se tolera la corrupción.

Apelamos a que las investigaciones se mantengan estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados.

Panamá no tolera la corrupción

30 enero 2017

Las continuas revelaciones de información sobre corrupción en Panamá son motivo de indignación para los panameños honrados que hemos aprovechado foros, avenidas, medios de comunicación, redes sociales, y otros espacios, para manifestar nuestro rechazo a la impunidad.

Estamos convencidos de que debemos ejercer presión y exigir rendición de cuentas, pero insistimos en que estos reclamos no deben terminar de debilitar el sistema, la institucionalidad y el desarrollo del país.

Por lo anterior, instamos al Ministerio Público y demás autoridades de justicia, a mantener abiertos los canales de comunicación, en la medida que la confidencialidad les permite, para notificar los avances de las investigaciones, a fin de evitar especulaciones y falsas conclusiones.

En esta cruzada que ha emprendido el país contra la corrupción, no nos limitemos a atacar las actuaciones de una persona, una empresa o un gobierno, reflexionemos y hagamos un acto de contrición y empecemos a promover los valores cívicos y principios éticos y morales con el ejemplo.

Reiteramos nuestro rechazo a todo delito contra la administración pública, exigimos castigos ejemplares para quienes asaltaron el erario público y proponemos que, entre las iniciativas dirigidas a combatir expresamente la corrupción, se establezcan:
• la incorporación de mecanismos de delación que resuelvan, de la misma manera que sucede en el sistema penal acusatorio, los casos que se inicien bajo el sistema inquisitivo, de manera que se obtengan resultados expeditos tal cual sucedió con el exmagistrado
• la modificación de la Ley que regula la Contratación Pública, que ha sido incorporando la inhabilitación de empresas condenadas en futuros actos públicos,
• la aprobación de las reformas al Código Electoral ya presentadas, y
• el inicio del proceso para reformar la Constitución Política, por medio de dos periodos legislativos.

Administración de justicia

8 junio 2015

Superar la crisis institucional y moral que atraviesa nuestro país es una responsabilidad con la cual tenemos que estar comprometidos autoridades, partidos políticos, empresarios, trabajadores, sociedad civil, y el resto de las fuerzas vivas. Nos encontramos ante una sociedad urgida a recuperar la confianza y la credibilidad en las instituciones, así como en que prevalezca el principio de legalidad.

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconocemos que, como lo ha reclamado la opinión pública, en los últimos meses el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en conjunto con otras entidades dedicadas a velar por la transparencia, han actuado con determinación, a fin de deslindar responsabilidades y recuperar los fondos del Estado malversados.

Apelamos a que estas investigaciones se lleven adelante de manera objetiva, en estricto apego al Estado de Derecho, respetando la presunción de inocencia y las garantías fundamentales de los indagados para no viciar el proceso, de manera que se castigue ejemplarmente a quienes se aprovecharan e hicieran un mal manejo de los bienes del Estado.

No obstante, nuestro sistema de justicia necesita una reforma integral que garantice su independencia, de manera que se adelanten investigaciones sin el silencioso consentimiento que hemos visto en las pasadas administraciones. Recordemos que, de cara a la implementación del sistema penal acusatorio en el resto del país, también requiere una autonomía presupuestaria para lograr que sea eficiente y justo.

Los ciudadanos esperamos que los gobernantes no crean que un voto favorable es el equivalente a un cheque en blanco, sino que tengan la voluntad política de erradicar del sistema la corrupción, respetar la Constitución Nacional y las legislaciones vigentes, administrando la cosa pública como un buen padre de familia.

Insistimos en que en la medida que mantengamos un ambiente en el que impere la correcta administración de la justicia, el diálogo y la institucionalidad, lograremos atraer a inversionistas serios, responsables y honestos, como es el actuar de los empresarios que estamos llamados a dignificar nuestro compromiso de hacer cada día más grande a Panamá, generando empleos y persiguiendo la anhelada equidad.

Rol del Sector Privado en Entes Gubernamentales

30 noviembre 2010

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, como principal gremio del sector privado, actúa en múltiples directivas de entes gubernamentales, con miras a colaborar en el correcto devenir de la nación, el desarrollo de nuestro país y comprometidos con el bienestar de todos los panameños.

 Consideramos que en todo momento, los representantes que escogemos para ocupar cargos en estas directivas han sabido cumplir con su deber a cabalidad, buscando siempre servir con una labor cívica en pro de Panamá.

No obstante, vemos con preocupación cómo el Ministerio Público, nuevamente aplica medidas que en nuestro concepto son arbitrarias e infundadas contra personas que cumplieron con su deber cívico y social al representar al sector privado de nuestro país en Juntas Directivas del Estado.

El trabajo de los miembros del sector privado en estas Juntas Directivas es de carácter voluntario y las acciones tomadas  no incentivan la participación ciudadana, ya que se da a entender que se está a merced de la arbitrariedad de las autoridades y no bajo un sistema justo, que presume la inocencia hasta que se compruebe lo contrario.

El lamentable caso de envenenamiento por dietilenglycol, supera todos los parámetros de reproche y desde este gremio hemos instado a las autoridades no sólo a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias; sino que hemos alzado nuestra voz cuando se han propuesto relajar las medidas de introducción de medicamentos e insumos a nuestro país, a fin de que se prevengan más casos como este.

Sin embargo, rechazamos el giro que la parte acusatoria le ha dado a este caso, cuando la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social no tuvo injerencia alguna en la compra de este letal insumo.

Nuestra Institución, valora altamente el rol del sector privado en los entes gubernamentales, y se siente comprometida con la labor que realiza dentro de las mismas, por eso siempre busca que sus representantes sean idóneos para tales acciones, pero este tipo de medidas, que desarrolla el Ministerio Público crea preocupación a los voluntarios del sector privado y podría provocar, que estos hechos impacten en la decisión de participar de los voluntarios en esta importante misión de las Juntas Directivas del Estado.

Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá gradúa 60 mediadores y conciliadores del Ministerio de Público

6 septiembre 2010

(Panamá, 03 de septiembre de 2010).  El Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), gradúo a 60 funcionarios del Ministerio Público como mediadores y conciliadores, como parte del Programa de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos de esta Institución.  

La capacitación se realizó en la ciudad de Panamá, para los funcionarios del Primer Distrito Judicial y en la ciudad de Santiago, para los funcionarios del Segundo,  Tercer y Cuarto Distrito Judicial.

“Esta graduación es parte de las actividades de la consultoría para el establecimiento de un Sistema Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos que ejecuta la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el Ministerio Público”, dijo Liliana Sánchez, Directora del CeCAP.

Estos funcionarios recibieron su diploma luego de aprobar dos cursos de capacitación en Mediación y Conciliación; así como, en Técnicas y Herramientas, por más de 90 horas.

La mediación es un método alternativo a la justicia ordinaria, mediante el cual las partes pueden llegar a un acuerdo respecto a su conflicto con la ayuda de un especialista llamado mediador.

En materia penal, la mediación es aplicada en aquellos delitos que la ley permite su desistimiento.

Ambos cursos, tenían como objetivo capacitar a funcionarios del Ministerio Público en el método  de la mediación de conflictos; así como, las pautas básicas y necesarias en este método.

El curso básico de Mediación y Conciliación fue dictado por Liliana Sánchez y Rineé Juliao del CeCAP  y el Curso de Técnicas y Herramientas contó con la presencia de la Consultora Internacional  Alexandra García Otalora, Docente de la Universidad Externado de Colombia.

El Programa de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Ministerio Público, forma parte de las actividades que realiza dicha institución ante la inminente entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal.

¿Dónde está el respeto al Debido Proceso?

25 agosto 2010

Nuestra Institución siente una gran preocupación ante ciertas acciones adelantadas por el Ministerio Público contra empresas miembros de nuestro gremio.

Según se nos ha informado se ha decretado detención preventiva, con la consecuente persecución u operativos de búsqueda, en contra de personas que representan empresas, sin mediar siquiera una declaración jurada o diligencia indagatoria previa que arroje como consecuencia la posible comisión de un delito y la eventual vinculación de una determinada persona con el hecho delictivo.

La detención preventiva según disponen las  respectivas normas legales, es la más severa de las medidas cautelares y debe ser ejercida según la naturaleza de la causa penal que se investigue y en atención a la peligrosidad de los presuntos implicados, elementos que no están presentes en los casos a los que hemos tenido conocimiento.

La Administración de Justicia y el respeto al Debido Proceso Legal son elementos esenciales para que exista una verdadera Democracia y un Estado de Derecho sin los cuales la vida en sociedad se volvería intolerante. 

Ninguna medida que se adopte puede sacrificar las garantías fundamentales antes señaladas. Lo anterior, sin perjuicio de que los implicados  o denunciados en un asunto de índole penal, participen conforme a Derecho, de las diligencias efectuadas por los funcionarios de instrucción.  

Este país ha crecido de la mano del sector privado y se han destinado importantes recursos para la atracción de la inversión extranjera, por lo que consideramos que con estos actos se envía un mensaje errado sobre la seguridad jurídica en el Estado.

Confiamos, que dentro de los procesos antes mencionados se les permita a los afectados ser escuchados bajo  los principios rectores del debido  proceso legal y que se adopten las decisiones a que haya lugar, conforme a Derecho.