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Uso responsable de los recursos de todos

12 junio 2017

Como hemos manifestado a las autoridades en reiteradas ocasiones, la modernización del Estado y la simplificación de trámites burocráticos son esfuerzos fundamentales para impactar positivamente los indicadores económicos.
En esta ocasión nos enfocaremos en la administración tributaria, que está urgida de una modernización que implique la mejora en el sistema de recaudación de impuestos y la agilización de procesos para los contribuyentes aplicados por la Dirección General de Ingresos, DGI.
Mediante diversas reformas, se ha impuesto una carga cada vez más alta a los empresarios, a quienes se ha trasladado la función de recaudador o se le ha impuesto la obligación de adelantar impuestos que en ocasiones no se llegan a generar.  Nos referimos al CAIR, el sistema de “adelantos” a impuestos mediante mecanismos de retención, y más recientemente la creación de los agentes retenedores del ITBMS.  Adicionalmente, existen fallas en el reconocimiento y aplicación de créditos fiscales como el tema de los créditos por intereses preferenciales y otros.  Estos temas afectan la actividad de las empresas y hemos expresado nuestra preocupación a las autoridades, por lo que exigimos que, así como se han impuesto obligaciones a las empresas, se tramiten de manera expedita y de acuerdo a las normas aplicables las solicitudes de no aplicación del CAIR, las devoluciones de impuestos en exceso pagados y los reconocimientos y aplicación de créditos fiscales, entre otros trámites.
Abordar asuntos fiscales, nos obliga a reiterar que es indispensable la prudencia en el gasto público, especialmente lo que se refiere al gasto de funcionamiento de los entes del Estado, que deben operar de la manera más eficiente, logrando el cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo anterior implica, entre otras cosas, la aplicación de sanas prácticas en cuanto a la contratación de personal en los entes estatales, la necesidad de revisar constantemente los subsidios, que anualmente superan los mil 300 millones de dólares, y que deben ser focalizados a los grupos vulnerables y las poblaciones que realmente lo necesitan.
Priorizar las inversiones públicas debe ser también parte del plan de acción en la administración responsable de los fondos públicos.
Recordemos que hacer uso responsable de los recursos del Estado, es tan importante como la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad y corrupción.  La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la definición de una política fiscal eficiente, que incluya la simplificación de trámites burocráticos y la eliminación de carga indebida de responsabilidades fiscales a empresas y personas.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

Impresoras Fiscales, requisito de la DGI para 2011, en Foro Comercial de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

26 octubre 2010

 (Panamá, 22 de octubre de 2010). La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), organiza el foro comercial “Información Clave para la Actividad Comercial”, el próximo 24 de noviembre.

 El principal gremio empresarial del país, consciente del impacto que tendrá la implementación de esta norma de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el sector privado nacional, presenta este foro gratuito para que sus miembros conozcan de cerca el mismo; así como, otras herramientas útiles para la actividad comercial.  

En esta oportunidad, David García, Gerente General de Digitech, en conjunto con Antonio Rincón, instruirán a los presentes sobre los equipos y programas de impresoras fiscales, necesarios para cumplir con esta norma.   

De igual forma, participarán de este Foro Comercial, Domingo Barrios, Gerente General de The Marketing Group, quien presentará las encuestas, como herramientas para la toma de decisiones estratégicas empresariales.  

 Por otro lado, Javier Díaz, Gerente Comercial de la empresa Goethals Consulting, introducirá a los asistentes al sistema de BPMS para gestión de procesos.

Este evento, busca brindarle un servicio más a los agremiados de la CCIAP, a fin de desarrollar un sector privado productivo y que contribuya al crecimiento positivo del país.

Cuentas claras…

27 septiembre 2010

La  Ley 8 de 15 de marzo de 2010  concretó una larga aspiración de diversos sectores de la sociedad, la creación del Tribunal Administrativo Tributario.

Con dicho Tribunal nuestro país logrará un avance importante en la administración de justicia tributaria, quedando al nivel de la mayoría de las legislaciones comparadas en donde la tramitación de los recursos interpuestos por los contribuyentes, es atendido por un ente imparcial, técnico y especializado que no forma parte del Fisco.

Este Tribunal Administrativo Tributario estará conformado por tres Magistrados; que serán dos abogados y un contador, además de tener su propia sede y su personal administrativo. Conocerá de los recursos de apelación que se interpongan dentro de las solicitudes o recursos tramitados ante la Administración Tributaria.

En igual medida, este será competente para resolver los incidentes y excepciones dentro de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva que se adelanten ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y estará al tanto de los procesos que a su entrada en vigencia, estén en grado de apelación ante la Comisión de Apelaciones de la DGI.

Tanto la Ley 8 de 2010 y la Ley 33 de 30 de junio de 2010, introducen importantes modificaciones en materia de procedimiento administrativo fiscal buscando celeridad en la tramitación de los procesos y otorgando mayores facultades a la DGI dentro de los procesos de cobro coactivo, por lo que la adecuada designación y conformación de los Magistrados que integrarán dicho Tribunal es fundamental para dotar a la justicia tributaria de la autonomía en la tramitación de los casos tan largamente esperada por los administrados.

Es importante que se reglamente los requisitos y parámetros para conformación de este Tribunal, ya que el mismo entrará en funciones el 2 de enero de 2011. Tal como dispone la Ley, quienes integren el mismo deberán ser profesionales de reconocida trayectoria en el manejo de la materia tributaria y no tener parentesco con las autoridades de la DGI o miembros del Consejo de Gabinete.