Posts Tagged ‘administración pública’

Uso responsable de los recursos de todos

12 junio 2017

Como hemos manifestado a las autoridades en reiteradas ocasiones, la modernización del Estado y la simplificación de trámites burocráticos son esfuerzos fundamentales para impactar positivamente los indicadores económicos.
En esta ocasión nos enfocaremos en la administración tributaria, que está urgida de una modernización que implique la mejora en el sistema de recaudación de impuestos y la agilización de procesos para los contribuyentes aplicados por la Dirección General de Ingresos, DGI.
Mediante diversas reformas, se ha impuesto una carga cada vez más alta a los empresarios, a quienes se ha trasladado la función de recaudador o se le ha impuesto la obligación de adelantar impuestos que en ocasiones no se llegan a generar.  Nos referimos al CAIR, el sistema de “adelantos” a impuestos mediante mecanismos de retención, y más recientemente la creación de los agentes retenedores del ITBMS.  Adicionalmente, existen fallas en el reconocimiento y aplicación de créditos fiscales como el tema de los créditos por intereses preferenciales y otros.  Estos temas afectan la actividad de las empresas y hemos expresado nuestra preocupación a las autoridades, por lo que exigimos que, así como se han impuesto obligaciones a las empresas, se tramiten de manera expedita y de acuerdo a las normas aplicables las solicitudes de no aplicación del CAIR, las devoluciones de impuestos en exceso pagados y los reconocimientos y aplicación de créditos fiscales, entre otros trámites.
Abordar asuntos fiscales, nos obliga a reiterar que es indispensable la prudencia en el gasto público, especialmente lo que se refiere al gasto de funcionamiento de los entes del Estado, que deben operar de la manera más eficiente, logrando el cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo anterior implica, entre otras cosas, la aplicación de sanas prácticas en cuanto a la contratación de personal en los entes estatales, la necesidad de revisar constantemente los subsidios, que anualmente superan los mil 300 millones de dólares, y que deben ser focalizados a los grupos vulnerables y las poblaciones que realmente lo necesitan.
Priorizar las inversiones públicas debe ser también parte del plan de acción en la administración responsable de los fondos públicos.
Recordemos que hacer uso responsable de los recursos del Estado, es tan importante como la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad y corrupción.  La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la definición de una política fiscal eficiente, que incluya la simplificación de trámites burocráticos y la eliminación de carga indebida de responsabilidades fiscales a empresas y personas.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

Lucha anticorrupción férrea pero responsable

10 febrero 2017

La crisis institucional que atraviesa nuestro país se agudiza día tras día y continuará así conforme avancen las necesarias investigaciones y se conozca nueva información. Por esta razón, nos urge reiterar el llamado a la prudencia. Panamá ha iniciado una cruzada contra la corrupción y la impunidad, pero debemos ser muy responsables para que nuestras actuaciones no terminen de demoler la institucionalidad del país.

El panorama que vivimos es muy peligroso. Estamos ante un escenario de hastío total en el que nadie confía en nadie. No podemos permitir que esta situación sea aprovechada por oportunistas que anteponen sus intereses personales y políticos por encima del interés común: adecentar el país, fortalecer la institucionalidad y lograr un verdadero Estado de Derecho, que nos de las condiciones para continuar un ritmo de crecimiento sano en pro de todos los panameños.

Como lo hemos advertido anteriormente, no debemos arar el camino para que falsos caudillos pretendan apoderarse del poder público, con doctrinas que han fracasado en otros países, destruyendo la democracia que tanto nos costó recuperar.

La Cámara de Comercio de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá estará vigilante de todos los acontecimientos en la medida que se vayan dando y haremos sentir nuestra voz teniendo como norte siempre los mejores intereses de Panamá.

Con el propósito de fortalecer nuestras instituciones, reiteramos la necesidad de atender los asuntos que hemos venido señalando como parte del plan de acción en esta lucha anticorrupción, los cuales, considerando los últimos acontecimientos, se hacen aún más evidentes:

  • Aprobar las reformas al Código Electoral ya presentadas, especialmente en el tema de financiamientos de las campañas, el manejo de estos fondos, y la transparencia de los donantes.
  • Incorporar mecanismos de delación (incluidos dentro del proyecto de Ley 245) que resuelvan, de la misma manera que sucede en el sistema penal acusatorio, los casos que se inicien bajo el sistema inquisitivo que empantanan la justicia.
  • Retomar la reforma a la Ley de contratación Pública para fortalecerla y evitar que se repitan situaciones como la que vivimos hoy.
  • Iniciar el diálogo para realizar cambios constitucionales puntuales, como el proceso de selección de Magistrados para lograr la completa independencia del Órgano Judicial, y transformaciones a la Asamblea Nacional, como la introducción de los diputados nacionales.
  • Dotar al Ministerio Público y demás entidades competentes, de recursos cónsonos a la complejidad de las investigaciones; entre otros.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reitera su rechazo a todo delito contra la administración pública, exige castigos ejemplares para quienes asaltaron el erario público y reafirma su compromiso con el país en esta lucha contra la corrupción y la impunidad, atentos a los resultados de las investigaciones.

Jorge García Icaza

Presidente CCIAP

Panamá no tolera la corrupción

30 enero 2017

Las continuas revelaciones de información sobre corrupción en Panamá son motivo de indignación para los panameños honrados que hemos aprovechado foros, avenidas, medios de comunicación, redes sociales, y otros espacios, para manifestar nuestro rechazo a la impunidad.

Estamos convencidos de que debemos ejercer presión y exigir rendición de cuentas, pero insistimos en que estos reclamos no deben terminar de debilitar el sistema, la institucionalidad y el desarrollo del país.

Por lo anterior, instamos al Ministerio Público y demás autoridades de justicia, a mantener abiertos los canales de comunicación, en la medida que la confidencialidad les permite, para notificar los avances de las investigaciones, a fin de evitar especulaciones y falsas conclusiones.

En esta cruzada que ha emprendido el país contra la corrupción, no nos limitemos a atacar las actuaciones de una persona, una empresa o un gobierno, reflexionemos y hagamos un acto de contrición y empecemos a promover los valores cívicos y principios éticos y morales con el ejemplo.

Reiteramos nuestro rechazo a todo delito contra la administración pública, exigimos castigos ejemplares para quienes asaltaron el erario público y proponemos que, entre las iniciativas dirigidas a combatir expresamente la corrupción, se establezcan:
• la incorporación de mecanismos de delación que resuelvan, de la misma manera que sucede en el sistema penal acusatorio, los casos que se inicien bajo el sistema inquisitivo, de manera que se obtengan resultados expeditos tal cual sucedió con el exmagistrado
• la modificación de la Ley que regula la Contratación Pública, que ha sido incorporando la inhabilitación de empresas condenadas en futuros actos públicos,
• la aprobación de las reformas al Código Electoral ya presentadas, y
• el inicio del proceso para reformar la Constitución Política, por medio de dos periodos legislativos.

Institucionalidad en aprietos

29 noviembre 2016

Han transcurrido dos años desde que iniciaron las investigaciones por señalamientos de delitos contra la administración pública. En este periodo de tiempo, la sociedad ha demandado que se deslinden responsabilidades ante estas conjeturas, a la vez que ha cuestionado el proceder de indagaciones que crean suspicacia, como el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones.

Hemos manifestado en reiteradas ocasiones la preocupación de esta Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá frente a la polarización del país y la situación de nuestra administración de justicia. Esto, crea desasosiego entre la ciudadanía, implica afectaciones a nuestra imagen y presenta un escenario inestable para las inversiones, impactando el desarrollo del país.

Apelamos a que las investigaciones se mantengan estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados.

Tenemos que ser muy enfáticos al advertir que estas situaciones degeneran en innecesaria cautela en la actuación de los funcionarios actuales y aleja a los ciudadanos honestos del servicio al país, poniendo en peligro la postulación o aceptación de cargos públicos en el futuro por parte de personas probas, responsables y capaces. Asimismo, el hastío de la sociedad podría arar el camino para que falsos caudillos asuman las riendas de nuestro país.

De cara al nuevo año,es imperativo que reenfoquemos nuestros esfuerzos en impulsar el ritmo del desarrollo del país, recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones y elevar el prestigio de la política para construir el Panamá que queremos entregar a las futuras generaciones.

Administración de justicia

23 octubre 2016

En los últimos días, la opinión pública se ha visto consternada por diferentes hechos presentados en torno a investigaciones que se adelantan por señalamientos de delitos contra la administración pública. Mucho se ha comentado sobre el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones cuestionadas, creando intranquilidad y desasosiego.

Lo presentado en estas semanas, nos lleva nuevamente a expresar preocupación ante la situación de nuestra administración de justicia, que a su vez impacta nuestra economía, afecta nuestra imagen internacional y pone en riesgo el desarrollo pleno del país. Según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, dentro de las mediciones institucionales, en materia de Independencia Judicial, ocupamos la posición 119 de 140 países evaluados. Esto es inaceptable. Recordemos que la confianza en el Estado de Derecho, el respeto a las garantías fundamentales y la seguridad jurídica es indispensable para el desarrollo de la economía y la atracción de inversiones de calidad, especialmente en este momento crítico del escenario económico que se presenta en América Latina.

Ante este escenario, y volviendo al ámbito de los procesos penales recientes, nuestras autoridades tienen más que nunca no solo el deber de enmarcar sus actuaciones estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados, sino que también deben ser lo suficientemente maduras para evitar realizar actuaciones que puedan perjudicar posteriormente los procesos que adelantan. Esto último es doblemente peligroso, pues, por un lado, crea duda sobre los sustentos con los que se cuenta para los casos y la legalidad de lo actuado, a la vez que puede resultar en una sensación generalizada de impunidad.

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, hacemos un llamado a un diálogo nacional que resulte en los ajustes necesarios al marco legal, incluyendo nuestras normas constitucionales, para asegurar el robustecimiento de la administración de justicia, la total independencia de jueces, fiscales y demás auxiliares de la justica de presiones externas, así como la asignación de los recursos necesarios para que las autoridades cuenten con las herramientas apropiadas para hacer su trabajo y se les brinde la capacitación correspondiente.

Próximos a finalizar el año, recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones, continúa siendo uno de los mayores retos que tenemos como país. Su recuperación únicamente será posible cuando nuestros gobernantes tomen acciones valientes en aras de fortalecer las mismas, incluyendo evidentemente los pasos necesarios para garantizar una justicia efectiva y certera.

Jorge García Icaza
Presidente CCIAP

Recuperación moral del país sin descuidar la inversión

2 marzo 2015

Han transcurrido 8 meses desde que la actual administración gubernamental asumió el poder que le otorgó el pueblo. En este periodo, si bien hemos visto hechos que nos agobian por el manejo de la cosa pública, producto de señalamientos de delitos contra la administración pública y la privacidad que se presentaron en el periodo anterior, las autoridades han asumido la responsabilidad de realizar las investigaciones pertinentes.

Tal como lo hemos señalado en innumerables ocasiones, confiamos en que estos procesos se llevarán a término dentro de lo que establecen nuestras leyes, respetando la presunción de inocencia y en estricto apego al debido proceso. A la vez, aspiramos a que quienes resulten culpables de los cargos que se les imputan, ya sean exfuncionarios o empresarios, reciban sanciones ejemplares tanto para nuestro país como para la región.

Sin dejar estos asuntos de lado, apelamos a que el Gobierno, el sector privado y la sociedad en general reenfoquemos nuestros esfuerzos para mantener el acostumbrado dinamismo de los sectores productivos del país.

Para ello, es obligatoria la ejecución de acciones que permitan cumplir estratégicamente, con transparencia, responsabilidad y eficiencia, el Plan de Inversión Pública presentado por el Gobierno, el cual requiere de la participación del sector privado. Reiteramos que para atraer inversiones de calidad, es imperativo ofrecer un ambiente donde impere, entre otros factores, la seguridad jurídica. Por tanto, las actuaciones del Gobierno deben estar centradas siempre hacia ese objetivo, pues las señales equivocadas pueden afectar irreversiblemente el apetito de inversión y financiamiento.

La falta de atención de los asuntos económicos hoy, podría traer consecuencias negativas en el futuro. Brindémosle, con prontitud, la prioridad que merecen, a fin de cumplir el máximo objetivo nacional: lograr que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.

Panamá demanda justicia en apego a los principios de legalidad

19 enero 2015

Desde hace varias semanas, nuestro país está inmerso en investigaciones, relativas a los múltiples señalamientos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Esto, aunado a las recientes investigaciones iniciadas por las denuncias de uso de equipos tecnológicos de escuchas telefónicas, no ha permitido que haya un día sin sobresaltos.

La violación de la privacidad y la correspondencia, atenta contra principios protegidos tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Panamá es firmante, como por nuestra Carta agna, y por tanto, son injerencias y ataques graves a la ciudadanía y nuestra democracia, que tanto nos costó recuperar.

A estas alturas, es evidente que hubo mal manejo de los bienes del Estado, recursos que aportamos todos los contribuyentes, locales o extranjeros, los cuales deben ser retribuidos en desarrollo social y económico  para el país.

Por lo anterior, en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, elevamos nuestra voz, así como lo hace la sociedad en su conjunto, reclamando que se deslinden responsabilidades y se sancione ejemplarmente a quienes resulten culpables. Sin embargo, también es responsabilidad de todos, apelar a que estas investigaciones se lleven adelante con madurez, en estricto apego al debido proceso y el principio de legalidad, evitando que se vicien los procesos.

Aprovechemos este lamentable escenario, para reflexionar sobre nuestro actuar y el compromiso cívico que tenemos todos los panameños con la construcción del Panamá que deseamos, donde impere la institucionalidad, rendición de cuentas y atención de los asuntos de interés nacional.