Veinticuatro meses para atender asuntos críticos

26 junio 2017

Al iniciar el cuarto año de gestión del Gobierno Nacional, es obligatorio reflexionar sobre los avances y, especialmente, los asuntos que deberán ser resueltos con la mayor prontitud posible. Como hemos advertido anteriormente, la cercanía del año pre electoral podría distraer la atención de las autoridades para darle solución.

Entre los aspectos positivos figuran los logros en materia de innovación gubernamental, a pesar de que aún falta bastante por hacer en temas clave como la administración tributaria y el pago de cuentas del Estado. Se destacan también las primeras acciones emprendidas en la Caja de Seguro Social, al iniciar la mejora del servicio y la disminución de la mora quirúrgica, así como los avances de la línea 2 del Metro de Panamá, las obras para disminuir el déficit habitacional y la construcción de carreteras, entre otros proyectos que tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de miles de personas.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura ejecutadas con fondos públicos y los programas sociales, no son determinantes para medir el desempeño de un gobierno. Las autoridades están llamadas a atender, con políticas públicas, asuntos de prioridad como la prestación eficiente de servicios básicos (agua, aseo y saneamiento, salud, transporte, otros), los que consideramos deben ser manejados por empresas estatales con una estructura de gobierno corporativo que trascienda los ciclos políticos, con planes a largo plazo, y con autonomía presupuestaria.

A estas alturas hay asuntos que hubiéramos esperado que estuvieran completados o en avanzada etapa de ejecución, los cuales esperamos reciban prioridad en la agenda de trabajo, como es el planteamiento de una estrategia nacional para el impulso del sector agropecuario, el rescate del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social y un diálogo a conciencia que reforme nuestra Constitución Política para fortalecer los Órganos del Estado.

En materia educativa, apelamos a que se honren los acuerdos del Compromiso por la educación, se cumpla con las evaluaciones que sustentan los pasados ajustes y se retomen las iniciativas fiscales que incentiven la inversión en educación particular, que disminuye la carga para el Estado.

Esta ocasión, amerita el planteamiento de las expectativas que tiene el sector privado frente a un país donde existe una preocupación constante por la disminución en el ritmo de crecimiento y el incremento del desempleo. Si bien, las perspectivas económicas para este año son positivas, es innegable que hay indicadores que han disminuido su ritmo. Estamos convencidos de que, para frenar y modificar esta tendencia, mayor acercamiento y cooperación entre las autoridades y el sector privado, será clave.

Este año será la última revisión del salario mínimo del actual gobierno. Reiteramos que, para que esto no sea nuevamente una herramienta política que provoque efectos inflacionarios, este ajuste debe fundamentarse en asuntos técnicos, incorporando la fórmula de la Organización Internacional de Trabajo, tal como fue acordado en la pasada revisión.

Sin lugar a dudas, el mayor reto en los próximos meses continuará siendo subsanar la apatía general y recuperar la confianza ciudadana en la clase política y las instituciones, fundamentales en una democracia participativa como la nuestra.

Consenso y consulta

19 junio 2017

En reiteradas ocasiones hemos señalado la importancia de la consulta y consenso de las iniciativas emprendidas, especialmente cuando tienen impacto en diferentes sectores y en la ciudadanía, para evitar rectificaciones como la que se dio recientemente con el Decreto Ejecutivo 130, iniciativa que tiene amplio espacio de mejora en su redacción y que, es evidente que, entre mayores hubieran sido los aportes, menos sobresaltos se hubieran presentado.

Hoy vivimos las consecuencias de la falta de inclusión de todos los actores en temas como la educación, por ejemplo. Quienes invierten en educación particular para sus hijos, se verán impactados por los incrementos salariales negociados en la pasada huelga de docentes, cuando no se consideraron algunas normativas que rigen a los planteles privados.

Apelamos a la consulta continua en asuntos que impactan la economía nacional y la calidad de vida de los ciudadanos, como los servicios básicos, para obtener aportes que resulten en normas claras y justas, que no causen confusión.

Siendo que se aproxima el inicio del tercer periodo de legislatura ordinaria, consideramos relevante insistir en esto con el objetivo de evitar inquietudes innecesarias en el país, mantener la paz social y procurar que el desarrollo permee a todos.

Uso responsable de los recursos de todos

12 junio 2017

Como hemos manifestado a las autoridades en reiteradas ocasiones, la modernización del Estado y la simplificación de trámites burocráticos son esfuerzos fundamentales para impactar positivamente los indicadores económicos.
En esta ocasión nos enfocaremos en la administración tributaria, que está urgida de una modernización que implique la mejora en el sistema de recaudación de impuestos y la agilización de procesos para los contribuyentes aplicados por la Dirección General de Ingresos, DGI.
Mediante diversas reformas, se ha impuesto una carga cada vez más alta a los empresarios, a quienes se ha trasladado la función de recaudador o se le ha impuesto la obligación de adelantar impuestos que en ocasiones no se llegan a generar.  Nos referimos al CAIR, el sistema de “adelantos” a impuestos mediante mecanismos de retención, y más recientemente la creación de los agentes retenedores del ITBMS.  Adicionalmente, existen fallas en el reconocimiento y aplicación de créditos fiscales como el tema de los créditos por intereses preferenciales y otros.  Estos temas afectan la actividad de las empresas y hemos expresado nuestra preocupación a las autoridades, por lo que exigimos que, así como se han impuesto obligaciones a las empresas, se tramiten de manera expedita y de acuerdo a las normas aplicables las solicitudes de no aplicación del CAIR, las devoluciones de impuestos en exceso pagados y los reconocimientos y aplicación de créditos fiscales, entre otros trámites.
Abordar asuntos fiscales, nos obliga a reiterar que es indispensable la prudencia en el gasto público, especialmente lo que se refiere al gasto de funcionamiento de los entes del Estado, que deben operar de la manera más eficiente, logrando el cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo anterior implica, entre otras cosas, la aplicación de sanas prácticas en cuanto a la contratación de personal en los entes estatales, la necesidad de revisar constantemente los subsidios, que anualmente superan los mil 300 millones de dólares, y que deben ser focalizados a los grupos vulnerables y las poblaciones que realmente lo necesitan.
Priorizar las inversiones públicas debe ser también parte del plan de acción en la administración responsable de los fondos públicos.
Recordemos que hacer uso responsable de los recursos del Estado, es tan importante como la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad y corrupción.  La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la definición de una política fiscal eficiente, que incluya la simplificación de trámites burocráticos y la eliminación de carga indebida de responsabilidades fiscales a empresas y personas.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

La lucha contra la corrupción es de todos

5 junio 2017

Sin lugar a dudas, tenemos una sociedad agotada de los sobresaltos que agitan al país desde que iniciaron las investigaciones por delitos contra la administración, una sociedad que reclama respuestas, justicia y castigos ejemplares.

Existe un genuino interés de adecentar el país, para lo que todos debemos tomar responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Es inaceptable que algunos detractores busquen desvirtuar los avances obtenidos y las herramientas de negociación que se han puesto a disposición del Ministerio Público para atender este asunto sin precedentes en nuestro país.

La Procuraduría General de la Nación tiene un rol fundamental en esta lucha contra la corrupción, pero no es la única que debe estar comprometida con este objetivo. Apelamos a que se resuelva cuanto ante las acciones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que avancen las investigaciones. Todo lo relacionado a los señalamientos de corrupción son asuntos sensitivos y de interés nacional, por tanto, ameritan atención prioritaria, pues se trata de nuestros recursos económicos y la decencia del país.

Confiamos en que las autoridades de justicia de Panamá podrán llegar a los acuerdos necesarios con Odebrecht y otros implicados, en apego al debido proceso y en cumplimiento con la Constitución y la Ley, para que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se devuelvan al erario los dineros del pueblo, a fin de que enviemos un mensaje claro de que en nuestro país no se tolera la corrupción.

Apelamos a que las investigaciones se mantengan estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados.

Seguridad y calidad de vida

29 mayo 2017

La seguridad ciudadana es un elemento esencial para el desarrollo de nuestro país y un factor determinante para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Donde existen mayores oportunidades, acceso a un sistema educativo incluyente, a un sistema de salud digno, a una vivienda con servicios básicos, se resuelve, en parte, los problemas de seguridad de un país.

Las políticas dirigidas a atender la seguridad ciudadana, no deben responder a medidas reactivas ante la presión del ciudadano y al temor a ser victimizados, sino que deben concebirse como parte de una agenda de Estado, que permita su sostenibilidad, fundada en los principios de desarrollo humano sostenible, prevención, participación ciudadana, justicia social y el respeto a los derechos humanos.

La acción inmediata más importante a implementar para resolver este asunto, que hoy es uno de los asuntos de mayor preocupación de los panameños, es hacer cumplir las leyes. En Panamá debe imperar el Estado de Derecho. Actualmente, no existe una cultura de respeto a las autoridades ni a la Ley. Podemos percibirlo a diario en quienes arrojan basura a las calles, no respetan las normas del tránsito, entre muchas otras situaciones donde no impera la certeza del castigo.

Queremos incentivar a las autoridades a evaluar las acciones o mecanismos de prevención y represión del crimen que en la actualidad se implementan, seguramente hay que ajustarlas a las nuevas modalidades criminales que se están desarrollando, la institucionalidad debe estar un paso adelante de las dinámicas criminales para beneficios de todos y de esta manera lograr una sociedad más segura.

A enfocarse en las prioridades

22 mayo 2017

Resta poco más de dos años para que finalice el periodo de gobierno actual. Como lo hemos advertido en reiteradas ocasiones, ya se percibe la efervescencia electoral. Por lo anterior, tenemos la responsabilidad de reiterar el llamado a enfocarnos en trabajar en equipo y con visión de país, en la construcción de políticas que trasciendan esta administración gubernamental.

Apelamos a que se trabaje en soluciones para los problemas del sector agropecuario, partiendo por el diseño de una estrategia nacional para sus principales rubros e insistimos en que las entidades dedicadas a ofrecer servicios básicos a la ciudadanía, deben contar con una estructura sólida de gobierno corporativo, que trascienda ciclos electorales, fin de que la población reciba un servicio con la calidad que se merece.

Frenar y revertir la desaceleración económica debe ser un tema de Estado, de primer orden en el plan gubernamental, pues el desarrollo económico es el que nos ha permite contar con los recursos necesarios para invertir en beneficio de nuestros ciudadanos.

Al Órgano Legislativo, cuando reinicien las sesiones ordinarias, le solicitamos, respetuosamente, la aprobación del proyecto de Ley que modifica la normativa que regula la Contratación Pública para sanear las vulnerabilidades tan criticadas, mientras se elabora un nuevo anteproyecto que solvente otras debilidades que ha dejado en evidencia la coyuntura actual.

A las autoridades de justicia, les reiteramos nuestra confianza, a la vez que solicitamos mayor divulgación de los avances, en la medida que no se comprometan los procesos. Estamos convencidos de que la comunicación constante es vital para mantener la tranquilidad de la ciudadanía y evitar que se perciba que hay puertas abiertas para la impunidad.

Instamos a las autoridades a que lideren los avances con el ejemplo, pues queda muy poco tiempo para resolver los asuntos de prioridad nacional, muchos de ellos pospuestos por décadas.

Voluntad de rescatar la seguridad social

15 mayo 2017

Las primeras actuaciones del nuevo director de la Caja de Seguro Social han demostrado preocupación y voluntad para resolver el deplorable estado que presenta esta importante entidad. Si bien reconocemos que muchos problemas que atraviesa la institución no han sido resueltos durante varias administraciones y no podrán solucionarse en 29 meses de gestión, confiamos en que el nuevo director ponga en marcha de manera urgente el plan de trabajo que ha estructurado.  Resulta impostergable iniciar el camino de rescate de la entidad, para lo cual será necesario contar con el respaldo de todos los sectores involucrados.

Para lograr lo anterior, es necesaria la información y datos actualizados que asistan en la toma de decisiones acertadas.  Contar con estados financieros auditados al día y estudios actuariales es una tarea pendiente, a la que se le debe poner fecha de entrega improrrogable. Asimismo, es necesaria la recopilación y análisis de información estadística que permita modernizar los procesos de logística, gestión de compras y contratación, con miras a lograr el abastecimiento de los medicamentos, insumos, equipos y suministros necesarios para brindar el servicio adecuado a la población asegurada.

Con respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, es necesario contar con una hoja de ruta sobre los distintos pasos del proceso de diálogo para asegurar el futuro del programa.

Reiteramos nuestra propuesta de estudiar la posibilidad de separar los servicios de salud de los programas de pensiones, considerando las mejores prácticas mundiales, de manera que se cuente con personal especializado, por un lado, en aspectos médicos y de salud, y por otro, en materia financiera.

Reafirmamos la disposición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para colaborar con las autoridades que buscan garantizar el bienestar de las actuales y futuras generaciones de asegurados por encima de cualquier costo político.

Tres años después de las elecciones

8 mayo 2017

Como lo hemos advertido desde que inició el año, es poco el tiempo que resta para que inicien las campañas políticas de cara a las próximas elecciones. Han transcurrido tres años desde que, cerca de 1.9 millones de panameños, acudimos a las urnas a elegir a quien nos gobernaría en el próximo quinquenio.

Al respecto, es obligatorio reflexionar sobre los avances en las promesas planteadas en el eje desarrollo económico sostenible del programa electoral, revisar lo que continúa pendiente y reiterar la disposición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para apoyarles en dar el impulso que necesita nuestra economía.

Entre las notas positivas, reconocemos una genuina preocupación de las autoridades en la simplificación de los trámites gubernamentales, pero queda mucho por hacer. Entretanto, el sector logístico mantiene un ritmo de crecimiento sostenido producto de la ampliación del Canal, que presenta oportunidades de nuevos negocios.

En materia turística, recientemente inició la campaña de promoción internacional, que estuvo por muchos años detenida y se obtuvo una Ley de Fomento turístico respaldada por el sector privado. Sin embargo, continúa pendiente la culminación del nuevo centro de convenciones y la contratación de la empresa administradora del proyecto para la atracción de eventos de gran magnitud.

El plan estratégico del Gobierno señaló la reactivación del sector agropecuario y el respaldo al productor nacional como prioridades para garantizar la seguridad alimentaria. Esta tarea no ha sido completada y arrastra los efectos de décadas de abandono. El sector reclama estrategias a largo plazo para lograr cambios sostenibles en la tendencia de sus indicadores, satisfacer la demanda local e incrementar su competitividad para la exportación.

No perdamos de vista que para lograr las metas del país necesitamos mejorar nuestro sistema educativo. La educación es un tema pendiente que requiere de una visión integral a largo plazo que debe definirse y ponerse en marcha en este periodo.

Economía y desarrollo

8 mayo 2017

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos iniciado un nuevo año de gestión, en el que reconocemos el arduo trabajo de quienes nos antecedieron, con la certeza de que trabajaremos diariamente por el sector privado y este maravilloso país.

Esta primera columna deseamos aprovecharla para llamar la atención hacia nuestra economía. Tenemos un país que ostenta un crecimiento positivo, aunque menor que en años anteriores, pero que continúa rompiendo paradigmas e inspirando confianza.  Lamentablemente, en este momento, la percepción sobre la economía panameña y su potencial es bastante más positiva fuera de nuestras fronteras, que dentro. Para cambiar esa impresión y activar la economía, es imprescindible que tanto gobierno como sector privado cambiemos de actitud y cumplamos con nuestras responsabilidades para impulsar los diferentes sectores.

Es imprescindible que las autoridades, actuales y futuras, garanticen la seguridad jurídica y la libre empresa, fomenten la libre competencia. Insistimos en la necesidad de que se modernice el Estado para disminuir la burocracia y la extrema cautela en trámites como los permisos de construcción, registros sanitarios, entre otros, que ahuyentan y limitan el movimiento de las inversiones.

Sin embargo, promover el desarrollo no es responsabilidad única del gobierno, los empresarios debemos refrescar la estrategia, adaptarla al ritmo actual y hacer lo que mejor sabemos hacer: ser motor de la economía.

Tomemos conciencia de todas las ventajas que tiene Panamá y trabajemos en equipo para incrementar su desarrollo, que se refleja en más empleos bien remunerados y mayores ingresos para reinvertir en la atención de asuntos de prioridad y proyectos de interés, por mencionar algunos.

Legislatura contra el reloj

17 abril 2017

A la Asamblea Nacional le restan únicamente 8 días hábiles para culminar el segundo periodo ordinario de legislatura. Por ello, nos corresponde hacer un balance de la gestión de los diputados, el cumplimiento de sus responsabilidades para adecentar el país y revisar los asuntos pendientes.

De las acciones de ejecución inmediata para combatir expresamente la corrupción, se completó satisfactoriamente el mecanismo de “delación premiada”, a través de la Ley No. 4 de 2017. Esta regulación impulsada con el objetivo de simplificar los procesos y brindar celeridad a los casos de investigación, fue sancionada hace cerca de 2 meses. Como ciudadanos y agrupación, anhelamos ver con prontitud los resultados de su aplicación.

Entre las tareas no completadas se encuentran las reformas al Código Electoral. El Proyecto de Ley 292, del cual se desconoce aún el texto único, aguarda su tercer debate. Esperamos que las modificaciones realizadas en segundo debate continúen en apego al espíritu que la motivó.

Por otra parte, el Proyecto de Ley que modifica la norma vigente para la contratación pública, el cual retornó objetado al hemiciclo en junio pasado, ha sido postergado a lo largo de todo este periodo. Llamamos nuevamente la atención para que sea retomado previa adjudicación de nuevos proyectos. Sobre esta normativa, reiteramos la necesidad de incluir instrumentos de inhabilitación a empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción.

Desde febrero pasado advertimos la prioridad que merecen estos temas, especialmente para un país que emprendió una cruzada para dejar claro que aquí no permitimos que se roben los dineros del pueblo.