Veinticuatro meses para atender asuntos críticos

Al iniciar el cuarto año de gestión del Gobierno Nacional, es obligatorio reflexionar sobre los avances y, especialmente, los asuntos que deberán ser resueltos con la mayor prontitud posible. Como hemos advertido anteriormente, la cercanía del año pre electoral podría distraer la atención de las autoridades para darle solución.

Entre los aspectos positivos figuran los logros en materia de innovación gubernamental, a pesar de que aún falta bastante por hacer en temas clave como la administración tributaria y el pago de cuentas del Estado. Se destacan también las primeras acciones emprendidas en la Caja de Seguro Social, al iniciar la mejora del servicio y la disminución de la mora quirúrgica, así como los avances de la línea 2 del Metro de Panamá, las obras para disminuir el déficit habitacional y la construcción de carreteras, entre otros proyectos que tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de miles de personas.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura ejecutadas con fondos públicos y los programas sociales, no son determinantes para medir el desempeño de un gobierno. Las autoridades están llamadas a atender, con políticas públicas, asuntos de prioridad como la prestación eficiente de servicios básicos (agua, aseo y saneamiento, salud, transporte, otros), los que consideramos deben ser manejados por empresas estatales con una estructura de gobierno corporativo que trascienda los ciclos políticos, con planes a largo plazo, y con autonomía presupuestaria.

A estas alturas hay asuntos que hubiéramos esperado que estuvieran completados o en avanzada etapa de ejecución, los cuales esperamos reciban prioridad en la agenda de trabajo, como es el planteamiento de una estrategia nacional para el impulso del sector agropecuario, el rescate del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social y un diálogo a conciencia que reforme nuestra Constitución Política para fortalecer los Órganos del Estado.

En materia educativa, apelamos a que se honren los acuerdos del Compromiso por la educación, se cumpla con las evaluaciones que sustentan los pasados ajustes y se retomen las iniciativas fiscales que incentiven la inversión en educación particular, que disminuye la carga para el Estado.

Esta ocasión, amerita el planteamiento de las expectativas que tiene el sector privado frente a un país donde existe una preocupación constante por la disminución en el ritmo de crecimiento y el incremento del desempleo. Si bien, las perspectivas económicas para este año son positivas, es innegable que hay indicadores que han disminuido su ritmo. Estamos convencidos de que, para frenar y modificar esta tendencia, mayor acercamiento y cooperación entre las autoridades y el sector privado, será clave.

Este año será la última revisión del salario mínimo del actual gobierno. Reiteramos que, para que esto no sea nuevamente una herramienta política que provoque efectos inflacionarios, este ajuste debe fundamentarse en asuntos técnicos, incorporando la fórmula de la Organización Internacional de Trabajo, tal como fue acordado en la pasada revisión.

Sin lugar a dudas, el mayor reto en los próximos meses continuará siendo subsanar la apatía general y recuperar la confianza ciudadana en la clase política y las instituciones, fundamentales en una democracia participativa como la nuestra.

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