Balance: primer año de gobierno

Al finalizar el primer año de la administración gubernamental, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, institución centenaria que nació en los albores de la República y que ha desarrollado acciones determinantes a lo largo de los años, hace un balance general de su gestión, destacando los aciertos y desatinos, sin dejar de lado nuestra obligación ciudadana de expresar nuestros desacuerdos y recomendaciones.
Reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de facilitar los procesos de investigación a fin de combatir la corrupción y restituir la institucionalidad democrática en el país. Entre los aciertos de esta administración, destacamos las iniciativas adelantadas para rescatar al sector agropecuario, aunque debemos tener presente que este es un sector que ha sido víctima de décadas de abandono y la solución no se verá a corto plazo.
También está el cumplimiento con las disposiciones emprendidas en materia de erradicación del blanqueo de capitales, cuya reglamentación debe incorporar los comentarios de los sectores afectados; la voluntad de dar continuidad a proyectos como la línea 2 y 3 del Metro, la puesta en marcha de obras sociales para disminuir el déficit habitacional, entre otras.
Sin embargo, las inversiones en infraestructura, ejecutadas con fondos públicos, no puede ser el punto de partida para la medición del desempeño de una administración gubernamental. Los gobiernos están llamados a atender con políticas públicas, aquellos asuntos de prioridad nacional como la educación, salud, sanidad, seguridad social y seguridad ciudadana, entre otros.
Es fundamental retomar la transformación del sistema educativo. No es cónsono con la realidad actual, que seamos el país con el salario mínimo más alto de América Latina, pero ocupemos posiciones lamentables en los rankings de materia educativa, con lo cual se afecta la competitividad y las oportunidades de nuestra niñez y juventud frente a los desafíos laborales. Existe mucha expectativa en torno a la primera mediación del gobierno en la revisión del salario mínimo. Esta oportunidad, será fundamental para determinar la voluntad de mejora de la competitividad del país en esta administración, una asignatura en la que el gobierno anterior fracasó, al anteponer intereses políticos partidistas por encima del bien común.
Consideramos indispensable la revisión del gasto de operación del Estado y nos preocupa que la atención de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), podría ser postergada en perjuicio de las actuales y futuras generaciones, al igual que lo han hecho los gobiernos anteriores para evitar el costo político.
Vemos un gobierno que se ha manejado con extrema cautela para evitar la aprehensión de una población consternada por el desenfreno, escándalos y malos manejos de la cosa pública en el quinquenio anterior. No obstante, esta cautela ha propiciado una lenta ejecución del presupuesto estatal y adjudicación de proyectos, lo que conlleva una percepción generalizada de desaceleración.
Nos preocupa sobremanera la tímida relación que el gobierno ha mantenido con el sector privado, que aporta 80% del Producto Interno Bruto y genera el 77% de los empleos a nivel nacional. La falta de acciones ha disminuido el movimiento de los indicadores de ventas y márgenes de ganancias de algunos sectores económicos golpeados por los altos niveles de competencia en el mercado.
Además, en materia de política comercial, consideramos improcedente que, después de un año de administración, y habiéndose dado cambios en la estructura económica, se mantenga el control de precios de 22 productos de la canasta básica.
Invitamos al Presidente de la República y a su gobierno, para que durante los próximos cuatro años, se sume al sector privado para alinear agendas de Estado, contar con legislaciones acordes al mercado, que sean resultado de consenso con los actores sociales, y ejecutar las acciones en alianza público-privada que nos permitan colaborar con la visión de Estado en la búsqueda de objetivos comunes.
El país y todos los sectores productivos esperamos que el gobierno tome las medidas necesarias para impulsar la economía y crear un ambiente de estabilidad para incrementar la atracción de la inversión privada, dentro de los principios de legalidad y en respeto a la seguridad jurídica, a fin de lograr el impacto contundente en el crecimiento de la economía y en el emprendimiento de importantes iniciativas encaminadas a lograr la anhelada equidad social en nuestro país.

Al finalizar el primer año de la administración gubernamental, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, institución centenaria que nació en los albores de la República y que ha desarrollado acciones determinantes a lo largo de los años, hace un balance general de su gestión, destacando los aciertos y desatinos, sin dejar de lado nuestra obligación ciudadana de expresar nuestros desacuerdos y recomendaciones.

Reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de facilitar los procesos de investigación a fin de combatir la corrupción y restituir la institucionalidad democrática en el país. Entre los aciertos de esta administración, destacamos las iniciativas adelantadas para rescatar al sector agropecuario, aunque debemos tener presente que este es un sector que ha sido víctima de décadas de abandono y la solución no se verá a corto plazo.

También está el cumplimiento con las disposiciones emprendidas en materia de erradicación del blanqueo de capitales, cuya reglamentación debe incorporar los comentarios de los sectores afectados; la voluntad de dar continuidad a proyectos como la línea 2 y 3 del Metro, la puesta en marcha de obras sociales para disminuir el déficit habitacional, entre otras.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura, ejecutadas con fondos públicos, no puede ser el punto de partida para la medición del desempeño de una administración gubernamental. Los gobiernos están llamados a atender con políticas públicas, aquellos asuntos de prioridad nacional como la educación, salud, sanidad, seguridad social y seguridad ciudadana, entre otros.

Es fundamental retomar la transformación del sistema educativo. No es cónsono con la realidad actual, que seamos el país con el salario mínimo más alto de América Latina, pero ocupemos posiciones lamentables en los rankings de materia educativa, con lo cual se afecta la competitividad y las oportunidades de nuestra niñez y juventud frente a los desafíos laborales. Existe mucha expectativa en torno a la primera mediación del gobierno en la revisión del salario mínimo. Esta oportunidad, será fundamental para determinar la voluntad de mejora de la competitividad del país en esta administración, una asignatura en la que el gobierno anterior fracasó, al anteponer intereses políticos partidistas por encima del bien común.

Consideramos indispensable la revisión del gasto de operación del Estado y nos preocupa que la atención de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), podría ser postergada en perjuicio de las actuales y futuras generaciones, al igual que lo han hecho los gobiernos anteriores para evitar el costo político.

Vemos un gobierno que se ha manejado con extrema cautela para evitar la aprehensión de una población consternada por el desenfreno, escándalos y malos manejos de la cosa pública en el quinquenio anterior. No obstante, esta cautela ha propiciado una lenta ejecución del presupuesto estatal y adjudicación de proyectos, lo que conlleva una percepción generalizada de desaceleración.

Nos preocupa sobremanera la tímida relación que el gobierno ha mantenido con el sector privado, que aporta 80% del Producto Interno Bruto y genera el 77% de los empleos a nivel nacional. La falta de acciones ha disminuido el movimiento de los indicadores de ventas y márgenes de ganancias de algunos sectores económicos golpeados por los altos niveles de competencia en el mercado.

Además, en materia de política comercial, consideramos improcedente que, después de un año de administración, y habiéndose dado cambios en la estructura económica, se mantenga el control de precios de 22 productos de la canasta básica.

Invitamos al Presidente de la República y a su gobierno, para que durante los próximos cuatro años, se sume al sector privado para alinear agendas de Estado, contar con legislaciones acordes al mercado, que sean resultado de consenso con los actores sociales, y ejecutar las acciones en alianza público-privada que nos permitan colaborar con la visión de Estado en la búsqueda de objetivos comunes.

El país y todos los sectores productivos esperamos que el gobierno tome las medidas necesarias para impulsar la economía y crear un ambiente de estabilidad para incrementar la atracción de la inversión privada, dentro de los principios de legalidad y en respeto a la seguridad jurídica, a fin de lograr el impacto contundente en el crecimiento de la economía y en el emprendimiento de importantes iniciativas encaminadas a lograr la anhelada equidad social en nuestro país.

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