Educación para todos por igual

La Constitución Nacional señala en sus artículos 101 y 102 que “La Ley podrá crear incentivos económicos en beneficio de la educación pública y de la educación particular, así como para la edición de obras didácticas nacionales.” “El Estado establecerá sistemas que proporcionan los recursos adecuado para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados”, respectivamente.

Basados en esta premisa, entendemos que se incluyó el Artículo 169 de la Ley 8 de 2010, que entró en vigencia a partir del mes de julio y que ya debió beneficiar a los estudiantes con la conocida Beca Universal.

No obstante, hace poco se presentó en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 182 que busca reformar el mencionado artículo y que, a nuestro juicio, desprovee de la universalidad promulgada a dichas becas.

Nuestro gremio cree en el proyecto del MEDUCA que busca evitar a toda costa la deserción escolar, la cual alcanza niveles críticos; sin embargo, consideramos que la Ley 8, mediante la cual se obtienen los recursos para estas becas universales, es cubierta en su mayoría por la clase media, la cual realiza importantes esfuerzos para enviar a sus hijos a escuelas particulares.

Ante tales hechos, nos preocupa ciertos artículos del Proyecto de Ley 182, en especial el Artículo 1, el cual señala textualmente que, “para que los estudiantes de escuelas particulares se beneficien con la Beca Universal, la suma de la matrícula y las mensualidades no deben exceder los B/.1,000.00 anuales”. Nuestro gremio considera que esto no es cónsono con la realidad del costo de la mayoría de las escuelas particulares del país, ni tampoco ofrece una equidad a todos los estudiantes y en lo cual se contradice con la igualdad de condiciones que debe prevalecer.  

Estimamos  que la propuesta de modificación tal y como está redactada en el Proyecto de Ley 182, poco o posiblemente nada, cumple con el objetivo de conceder un estímulo financiero a aquellos padres de familia que a diario se sacrifican económicamente para que sus hijos cursen en escuelas particulares, dada la limitada oferta de centros escolares en este rango y la falta de calidad en muchas escuelas públicas.  

Nuestro gremio propone que se estudien dos opciones para que la educación sea un derecho que todos los panameños reciban por igual.

Una opción sería que la redacción de la Ley 8 de 2010, donde se establece una mensualidad de hasta B/2000.00 mensuales, se mantenga. Otra opción sería que se retome la propuesta del H.D. José Blandón, donde, entre otras cosas, se proponía una deducción fiscal por los gastos escolares incurridos, hasta un tope de B/2,000.00, con el objeto de que el Estado al menos colabore con los gastos que realiza el padre de familia en la educación privada que le permite al gobierno un ahorro significativo al no tener que proveer educación gratuita a los estudiantes que asisten a las escuelas particulares.

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