Dotar al país de agua potable requiere esfuerzo extraordinario

3 agosto 2015

Dotar al país de agua potable requiere esfuerzo extraordinario

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos manifestado al Presidente de la República nuestra disposición a colaborar activamente para alcanzar el objetivo de “100% agua potable” que propone el plan de Gobierno para dotar al país de este recurso las 24 horas del día.

Es inadmisible que en un país con un crecimiento económico envidiable y siendo el quinto país con más lluvias en el mundo, existan miles panameños que no reciben agua continuamente e incluso haya quienes no disponen de este indispensable líquido.  Este grave problema ha trascendido distintas administraciones gubernamentales, por no querer asumir el costo político que representa su solución.

La problemática del agua se agrava, sobre todo, cuando tenemos muchos factores en nuestra contra. El cambio climático ha afectado el patrón de lluvias, poniendo en peligro la operación del Canal de Panamá y  enfrentándonos a una crisis en el sector agropecuario, energético y de salud pública. Somos culpables de una cultura de despilfarro generacional y víctimas de las consecuencias que esto genera, sin dejar de lado la elevada morosidad de un servicio público por el que se paga una suma insignificante.

El tiempo apremia y esta crisis del agua requiere de un esfuerzo extraordinario y urgente, con la participación de todas las fuerzas vivas del país, por lo que hemos sugerido la creación de una mesa de trabajo interinstitucional e intergremial. Estamos convencidos de que los aportes que de allí se desprendan serán imprescindibles para encontrar alternativas que, definitivamente, nos permitan gozar de la producción, distribución y administración eficiente de este vital recurso.

Necesitamos trabajar en un modelo de gestión productivo y sostenible que nos permita tener un país más equitativo, más humano, y con el agua potable necesaria para cubrir toda la población.

Energía y desarrollo van de la mano

27 julio 2015

Consideramos preocupante la situación del sector energético de nuestro país, que sufre los embates de la naturaleza y la falta de acciones efectivas de las diferentes administraciones gubernamentales  para lograr una política de Estado acorde al desarrollo socio económico.

Por un lado, no tenemos certeza de la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño, que amenaza nuestra capacidad hídrica, afectando no solo las hidroeléctricas que generan más del 60% de la energía, también, y de manera drástica, la producción agrícola en Azuero; y que forzaría a ejecutar en el Canal de Panamá un plan de contingencia para hacerle frente a la sequía.

La intransigencia de los grupos indígenas en el conflicto de Barro Blanco, mantiene secuestrado el proyecto hidroeléctrico, ocasionando pérdidas millonarias para la empresa. La cancelación de la obra no es una opción y la propuesta de su nacionalización es igualmente inverosímil, además de costosa. Poner fin al conflicto, respetar la seguridad jurídica y permitir que la empresa culmine en beneficio del país, es lo correcto. Esta crisis, aunada a la suspensión de hidroeléctricas en Chiriquí, así como de las licencias eólicas y solares, enviarían mensajes que ahuyenten a las inversiones.

Reiteramos la disposición del sector privado en mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades para no repetir los errores del pasado y trabajar en una matriz energética con reserva suficiente para la venta y la contingencia. Respaldamos, de igual forma, su voluntad de establecer una política energética hasta el 2050 y esperamos la divulgación de un cronograma de licitaciones en los próximos cinco años.

La demanda energética continúa creciendo por encima del 5%, por tanto se hace necesario trabajar para que las licitaciones atraigan inversionistas experimentados, con proyectos que mejoren la eficiencia del parque energético para no arriesgar el desarrollo social y económico del país.

Reforma de la ley de contratación pública debe fomentar mayor competencia

20 julio 2015

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estamos convencidos de que es necesaria la revisión integral de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública. Los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.

El Gobierno Nacional ha manifestado su voluntad de reformar esta Ley en consenso con la Cámara, así como con otros representantes del sector público, privado y la sociedad civil. Consideramos que esta amplia consulta es positiva y fundamental para lograr una legislación que mantenga altos niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Para obtener una Ley oportuna, nuestra Comisión de Contrataciones Públicas ha trabajado arduamente en una serie de recomendaciones, entre las cuales está la eliminación del proceso de licitación abreviada y el establecimiento de lineamientos muy específicos que limiten al mínimo las contrataciones directas. Es indispensable que se incluya, en el ámbito de aplicación de la Ley, el Programa de Ayuda Nacional (PAN), los Municipios y Juntas Comunales, pues las excepciones pueden fomentar la discrecionalidad.

Los requisitos y ponderaciones de los pliegos de cargos deben fomentar la competencia entre oferentes, en condiciones de equidad y transparencia, para que se presente mayor número de ofertas y sea seleccionada la más conveniente. Para ello, también es fundamental que el Estado mejore los términos de pago a los contratistas por los bienes y servicios adquiridos.

Esta revisión representará avances en la dirección correcta, sin embargo, es responsabilidad de las autoridades y contratistas conocer y cumplir con lo que establecen las leyes para garantizar el manejo correcto de los fondos públicos, que nos pertenecen a todos.

Logremos consensos en proceso de revisión del salario mínimo

13 julio 2015

Esta semana inicia el proceso de revisión del salario mínimo en Panamá, una cifra que entre 2007 y 2015 ha tenido un incremento acumulado superior al 60%, llegando a ser hoy día la más alta de América Latina. Esto, en contraste con las lamentables posiciones en las que se ubica al país en las mediciones en materia educativa, un asunto que requiere atención prioritaria en todos sus niveles.
Esta revisión periódica se ha convertido en los últimos años en un pulseo, en el cual los trabajadores presentan propuestas desproporcionadas y alejadas de puntos de consenso, aprovechando los intereses políticos, e incluso electoreros, de las autoridades anteriores.
En las pasadas revisiones, se realizaron aumentos sin considerar los efectos inflacionarios que esto tiene en los costos de bienes y servicios que consumimos todos los panameños.  Por lo anterior, reiteramos la importancia de que el Gobierno asuma su rol de mediación en este proceso, apuntando a que los actores logren un acuerdo que considere indicadores económicos, sociales y de productividad.
Necesitamos fortalecer el espíritu emprendedor en el país. Nuestros conciudadanos deberían considerar el salario mínimo como el sueldo de entrada de quienes ingresan al mercado laboral, aspirando escalar posiciones fundamentados en méritos y resultados.

Temas de agenda legislativa requieren debate de altura

6 julio 2015

El panorama que se presentó durante la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, recibió el rechazo de las fuerzas vivas del país, testigos de intervenciones enmarcadas en la intolerancia y fuertes acusaciones, que incluso retrasaron, sin precedentes, la rendición de cuentas del mandatario de la República.

Este escenario, también dejó en evidencia el desgaste que aflige a los partidos políticos, cuya renovación consideramos es de vital importancia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Como señala nuestra Constitución Política, los partidos políticos deben estar fundamentados en principios democráticos, los cuales con su formación expresen el pluralismo político, concurran a la formación y manifestación de la voluntad popular.

En adelante, como ciudadanos, exigimos que estos incidentes no trasciendan en perjuicio de todos. La Agenda Legislativa, mantiene asuntos que requieren ser atendidos sin banderías políticas ni intereses particulares, entre los cuales figuran el Presupuesto del Estado, la reforma a Ley de Contrataciones Públicas, entre otras.

Confiamos en que el primer Órgano del Estado, en este segundo año, enfocará su actuar en promover el desarrollo económico y social de Panamá, con responsabilidad y visión de país, procurando prevalezca un amplio debate en la búsqueda de consensos con los sectores representativos de la sociedad. Para ello, reiteramos la disposición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en continuar brindando aportes oportunos que generen bienestar social, fortalezcan la economía y restablezcan la institucionalidad.

Nuestro país necesita recuperar la confianza en la clase política y las instituciones del Estado, para retornar al ambiente de tolerancia y pacífica convivencia que debe existir en nuestra sociedad.

Balance: primer año de gobierno

6 julio 2015

Al finalizar el primer año de la administración gubernamental, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, institución centenaria que nació en los albores de la República y que ha desarrollado acciones determinantes a lo largo de los años, hace un balance general de su gestión, destacando los aciertos y desatinos, sin dejar de lado nuestra obligación ciudadana de expresar nuestros desacuerdos y recomendaciones.
Reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de facilitar los procesos de investigación a fin de combatir la corrupción y restituir la institucionalidad democrática en el país. Entre los aciertos de esta administración, destacamos las iniciativas adelantadas para rescatar al sector agropecuario, aunque debemos tener presente que este es un sector que ha sido víctima de décadas de abandono y la solución no se verá a corto plazo.
También está el cumplimiento con las disposiciones emprendidas en materia de erradicación del blanqueo de capitales, cuya reglamentación debe incorporar los comentarios de los sectores afectados; la voluntad de dar continuidad a proyectos como la línea 2 y 3 del Metro, la puesta en marcha de obras sociales para disminuir el déficit habitacional, entre otras.
Sin embargo, las inversiones en infraestructura, ejecutadas con fondos públicos, no puede ser el punto de partida para la medición del desempeño de una administración gubernamental. Los gobiernos están llamados a atender con políticas públicas, aquellos asuntos de prioridad nacional como la educación, salud, sanidad, seguridad social y seguridad ciudadana, entre otros.
Es fundamental retomar la transformación del sistema educativo. No es cónsono con la realidad actual, que seamos el país con el salario mínimo más alto de América Latina, pero ocupemos posiciones lamentables en los rankings de materia educativa, con lo cual se afecta la competitividad y las oportunidades de nuestra niñez y juventud frente a los desafíos laborales. Existe mucha expectativa en torno a la primera mediación del gobierno en la revisión del salario mínimo. Esta oportunidad, será fundamental para determinar la voluntad de mejora de la competitividad del país en esta administración, una asignatura en la que el gobierno anterior fracasó, al anteponer intereses políticos partidistas por encima del bien común.
Consideramos indispensable la revisión del gasto de operación del Estado y nos preocupa que la atención de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), podría ser postergada en perjuicio de las actuales y futuras generaciones, al igual que lo han hecho los gobiernos anteriores para evitar el costo político.
Vemos un gobierno que se ha manejado con extrema cautela para evitar la aprehensión de una población consternada por el desenfreno, escándalos y malos manejos de la cosa pública en el quinquenio anterior. No obstante, esta cautela ha propiciado una lenta ejecución del presupuesto estatal y adjudicación de proyectos, lo que conlleva una percepción generalizada de desaceleración.
Nos preocupa sobremanera la tímida relación que el gobierno ha mantenido con el sector privado, que aporta 80% del Producto Interno Bruto y genera el 77% de los empleos a nivel nacional. La falta de acciones ha disminuido el movimiento de los indicadores de ventas y márgenes de ganancias de algunos sectores económicos golpeados por los altos niveles de competencia en el mercado.
Además, en materia de política comercial, consideramos improcedente que, después de un año de administración, y habiéndose dado cambios en la estructura económica, se mantenga el control de precios de 22 productos de la canasta básica.
Invitamos al Presidente de la República y a su gobierno, para que durante los próximos cuatro años, se sume al sector privado para alinear agendas de Estado, contar con legislaciones acordes al mercado, que sean resultado de consenso con los actores sociales, y ejecutar las acciones en alianza público-privada que nos permitan colaborar con la visión de Estado en la búsqueda de objetivos comunes.
El país y todos los sectores productivos esperamos que el gobierno tome las medidas necesarias para impulsar la economía y crear un ambiente de estabilidad para incrementar la atracción de la inversión privada, dentro de los principios de legalidad y en respeto a la seguridad jurídica, a fin de lograr el impacto contundente en el crecimiento de la economía y en el emprendimiento de importantes iniciativas encaminadas a lograr la anhelada equidad social en nuestro país.

Al finalizar el primer año de la administración gubernamental, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, institución centenaria que nació en los albores de la República y que ha desarrollado acciones determinantes a lo largo de los años, hace un balance general de su gestión, destacando los aciertos y desatinos, sin dejar de lado nuestra obligación ciudadana de expresar nuestros desacuerdos y recomendaciones.

Reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de facilitar los procesos de investigación a fin de combatir la corrupción y restituir la institucionalidad democrática en el país. Entre los aciertos de esta administración, destacamos las iniciativas adelantadas para rescatar al sector agropecuario, aunque debemos tener presente que este es un sector que ha sido víctima de décadas de abandono y la solución no se verá a corto plazo.

También está el cumplimiento con las disposiciones emprendidas en materia de erradicación del blanqueo de capitales, cuya reglamentación debe incorporar los comentarios de los sectores afectados; la voluntad de dar continuidad a proyectos como la línea 2 y 3 del Metro, la puesta en marcha de obras sociales para disminuir el déficit habitacional, entre otras.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura, ejecutadas con fondos públicos, no puede ser el punto de partida para la medición del desempeño de una administración gubernamental. Los gobiernos están llamados a atender con políticas públicas, aquellos asuntos de prioridad nacional como la educación, salud, sanidad, seguridad social y seguridad ciudadana, entre otros.

Es fundamental retomar la transformación del sistema educativo. No es cónsono con la realidad actual, que seamos el país con el salario mínimo más alto de América Latina, pero ocupemos posiciones lamentables en los rankings de materia educativa, con lo cual se afecta la competitividad y las oportunidades de nuestra niñez y juventud frente a los desafíos laborales. Existe mucha expectativa en torno a la primera mediación del gobierno en la revisión del salario mínimo. Esta oportunidad, será fundamental para determinar la voluntad de mejora de la competitividad del país en esta administración, una asignatura en la que el gobierno anterior fracasó, al anteponer intereses políticos partidistas por encima del bien común.

Consideramos indispensable la revisión del gasto de operación del Estado y nos preocupa que la atención de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), podría ser postergada en perjuicio de las actuales y futuras generaciones, al igual que lo han hecho los gobiernos anteriores para evitar el costo político.

Vemos un gobierno que se ha manejado con extrema cautela para evitar la aprehensión de una población consternada por el desenfreno, escándalos y malos manejos de la cosa pública en el quinquenio anterior. No obstante, esta cautela ha propiciado una lenta ejecución del presupuesto estatal y adjudicación de proyectos, lo que conlleva una percepción generalizada de desaceleración.

Nos preocupa sobremanera la tímida relación que el gobierno ha mantenido con el sector privado, que aporta 80% del Producto Interno Bruto y genera el 77% de los empleos a nivel nacional. La falta de acciones ha disminuido el movimiento de los indicadores de ventas y márgenes de ganancias de algunos sectores económicos golpeados por los altos niveles de competencia en el mercado.

Además, en materia de política comercial, consideramos improcedente que, después de un año de administración, y habiéndose dado cambios en la estructura económica, se mantenga el control de precios de 22 productos de la canasta básica.

Invitamos al Presidente de la República y a su gobierno, para que durante los próximos cuatro años, se sume al sector privado para alinear agendas de Estado, contar con legislaciones acordes al mercado, que sean resultado de consenso con los actores sociales, y ejecutar las acciones en alianza público-privada que nos permitan colaborar con la visión de Estado en la búsqueda de objetivos comunes.

El país y todos los sectores productivos esperamos que el gobierno tome las medidas necesarias para impulsar la economía y crear un ambiente de estabilidad para incrementar la atracción de la inversión privada, dentro de los principios de legalidad y en respeto a la seguridad jurídica, a fin de lograr el impacto contundente en el crecimiento de la economía y en el emprendimiento de importantes iniciativas encaminadas a lograr la anhelada equidad social en nuestro país.

Conflicto en Barro Blanco atenta contra principios constitucionales

22 junio 2015

La intransigencia que mantienen unos grupos en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, ha degenerado en enfrentamientos lamentables y demandas irrespetuosas hacia la máxima autoridad.

Rechazamos el uso de medidas anárquicas para imponer posturas, alejadas de los principios de legalidad y de la pacífica convivencia que debe existir en nuestra sociedad. El cierre de la vía interamericana que se prolongó durante la jornada del pasado jueves, representó afectaciones irrecuperables en bienestar, competitividad y productividad para quienes transitan por esta ruta, incluyendo estudiantes, productores y trabajadores.

Es inaceptable que se permita a estas agrupaciones que secuestren la entrada del proyecto, siendo propiedad privada, impidiendo a los colaboradores ingresar a sus puestos de trabajo.

Para superar esta crisis las autoridades deben hacer cumplir la Ley y velar por que se respeten las garantías constitucionales, como son la libertad de tránsito y el uso y disfrute de la propiedad privada. Incumplir lo pactado, cancelar una obra que reporta un 95% de avance u otras opciones como la nacionalización, es peligroso tanto para el perímetro de la obra como para la seguridad jurídica de las inversiones de nuestro país.

Teniendo un plan de inversión pública ambicioso, que requiere de la participación del sector privado, es obligatorio tener un ambiente atractivo para inversionistas y entidades financieras. La demanda energética supera la oferta actual y las licitaciones para lograr que esta brecha se cierre estarán en riesgo si se mantienen los criterios de esta crisis, poniendo en riesgo el crecimiento económico.

Apelamos a que se logren con prontitud los acuerdos que permitan que los concesionarios, que tienen los mecanismos para brindar apoyo a la comunidad, culmine el proyecto para el beneficio de todos.

Estímulo al sector turismo produciría un cambio de ritmo necesario.

15 junio 2015

Los niveles de crecimiento que ha mantenido nuestra economía en los últimos 10 años, lograron un nivel de confianza que atrajo grandes flujos de capitales de inversionistas que vieron un potencial en el país, incrementando la actividad económica en general. Esto, conllevó el desarrollo de nuevos negocios e infraestructura en sectores como hoteles, restaurantes, centros comerciales, comercio al por menor, edificios comerciales y otras actividades, generando un exceso en la oferta disponible de bienes y servicios.

Vemos con preocupación que esa sobreoferta está persiguiendo el dólar que, con anterioridad se distribuía en una menor cantidad de comercios, mientras la entrada de visitantes no crece al mismo ritmo. Este exceso de competencia ha producido una disminución en las ventas de los comercios y otros indicadores de económicos.

Para resolver estos desajustes temporales que generan una percepción negativa en torno al desempeño de la economía, aumentar la demanda para estos negocios y producir un cambio de ritmo significativo, hemos recomendado al Presidente de la República que ejecute, a través de su administración, un programa de estímulo en los rubros que producen mayor derrama económica, especialmente en el sector turismo por el impacto que tiene en otros sectores.

Para ello, consideramos importante realizar, con la mayor prontitud posible, una fuerte inversión en campañas de promoción, cónsonas con el reto actual, para incrementar la afluencia de visitantes. Sin embargo, esto debe realizarse de una manera segmentada, como nos lo comentó el presidente Varela cuando nos reunimos en marzo pasado, de manera que sea una iniciativa efectiva que rinda beneficios en el corto y mediano plazo.

Igualmente necesario, es tomar acciones que permitan la culminación de la construcción del Centro de Convenciones ubicado en Amador. Entretanto esto sucede, exhortamos a las autoridades a ejecutar el presupuesto de inversión de la Autoridad de Turismo de Panamá y realizar las licitaciones que concreten la contratación de publicidad.

Reiteramos la disposición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para apoyar las iniciativas que lleven adelante las autoridades gubernamentales para lograr que el desarrollo del país permeé a todos por igual.

Administración de justicia

8 junio 2015

Superar la crisis institucional y moral que atraviesa nuestro país es una responsabilidad con la cual tenemos que estar comprometidos autoridades, partidos políticos, empresarios, trabajadores, sociedad civil, y el resto de las fuerzas vivas. Nos encontramos ante una sociedad urgida a recuperar la confianza y la credibilidad en las instituciones, así como en que prevalezca el principio de legalidad.

En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconocemos que, como lo ha reclamado la opinión pública, en los últimos meses el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en conjunto con otras entidades dedicadas a velar por la transparencia, han actuado con determinación, a fin de deslindar responsabilidades y recuperar los fondos del Estado malversados.

Apelamos a que estas investigaciones se lleven adelante de manera objetiva, en estricto apego al Estado de Derecho, respetando la presunción de inocencia y las garantías fundamentales de los indagados para no viciar el proceso, de manera que se castigue ejemplarmente a quienes se aprovecharan e hicieran un mal manejo de los bienes del Estado.

No obstante, nuestro sistema de justicia necesita una reforma integral que garantice su independencia, de manera que se adelanten investigaciones sin el silencioso consentimiento que hemos visto en las pasadas administraciones. Recordemos que, de cara a la implementación del sistema penal acusatorio en el resto del país, también requiere una autonomía presupuestaria para lograr que sea eficiente y justo.

Los ciudadanos esperamos que los gobernantes no crean que un voto favorable es el equivalente a un cheque en blanco, sino que tengan la voluntad política de erradicar del sistema la corrupción, respetar la Constitución Nacional y las legislaciones vigentes, administrando la cosa pública como un buen padre de familia.

Insistimos en que en la medida que mantengamos un ambiente en el que impere la correcta administración de la justicia, el diálogo y la institucionalidad, lograremos atraer a inversionistas serios, responsables y honestos, como es el actuar de los empresarios que estamos llamados a dignificar nuestro compromiso de hacer cada día más grande a Panamá, generando empleos y persiguiendo la anhelada equidad.

Debe recibir más quien más se esmera

1 junio 2015

Con la instalación de la mesa de revisión del salario mínimo, donde participan los gremios empresariales y trabajadores con la mediación del sector gubernamental, se inicia un proceso que aspiramos se realice en apego al espíritu para el cual se estableció esta disposición.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá es muy importante destacar el rol mediador que debe asumir el Gobierno en esta materia, apuntando a que los actores logren un acuerdo que considere indicadores económicos, sociales y de productividad, a fin de evitar efectos inflacionarios. Somos muy insistentes en esto debido a que, anteriormente, se han presentado propuestas irreales, aprovechando que las autoridades mantenían intereses políticos, que no es la intención de la Ley ni el propósito solidario de una sociedad con principios legales de justicia y equidad.

Aspiramos que, tal como lo manifestara la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral hace algunas semanas, las partes involucradas logremos ponernos “de acuerdo en lo que necesita ganar un panameño para vivir dignamente pero también, cuán productivo es su trabajo”.

El sector empresarial trabaja día a día, de la mano de los trabajadores, para tener un país donde exista capacidad de superación y justicia social para los ciudadanos, donde haya oportunidades de prosperidad para todos. Sin embargo, también somos firmes creyentes que una revisión periódica del salario mínimo debe promover la productividad, reconociendo un mejor ingreso al que se esmera y contribuye con la excelencia.


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