La educación como prioridad nacional

15 enero 2018

A partir de la recuperación de la democracia, las sucesivas administraciones comprometieron, en sus respectivos programas de gobierno, otorgar prioridad sin demoras al tema de la educación. Todos reconocían en ella, además de hacer posible la realización individual de las generaciones futuras, un instrumento insalvable para garantizar la competitividad del país en el panorama internacional.

Pero cuando transitamos ya hacia la tercera década del milenio, la promesa sigue fallida. Hoy mismo, miles de estudiantes acuden en búsqueda de revalidar las materias perdidas en el año anterior -mientras que en 2016 se registró una cifra récord en fracasos (48,864)-, a riesgo de quedar fuera del sistema y por lo tanto marginados de una preparación superior.

Lo anterior por cuenta de un sistema establecido para lanzar cada año a la calle a miles de jóvenes sin la preparación suficiente para enfrentar las exigencias de un entorno y mercado cada vez más competitivos en materia de conocimientos.  Excepciones las hay en colegios y estudiantes que sobresalen nacional e internacionalmente, pero esto confirma la regla.

La Cámara ha insistido, en oportunidades reiteradas, en la necesidad de que se adoptaran las recomendaciones del Compromiso por la Educación y se aceleraren las iniciativas referentes a la Educación Dual, como fórmulas a la vista para empoderar un esfuerzo nacional que nos encamine en la dirección correcta, pero el inicio de un nuevo año lectivo no muestra expectativas alentadoras en dicho sentido.

Y es que persiste el desconocimiento de la realidad planteada por el hecho de que el 60% de los puestos de trabajo que requerirá el país en los próximos 10 años son técnicos profesionales.

Además, debe observarse que las fallas en el sistema educativo llevan a la deserción escolar, a partir del séptimo grado, lo que impacta de manera negativa y comprobada en los índices de criminalidad. De hecho, malgastamos miles de millones de dólares en el sector, sin que ello garantice  un futuro pleno a nuestros hijos.

La inmersión del país en la ya inminente contienda política, es un aspecto que preocupa  a la CCIAP, ya que pudiera terminar por hacer de la educación otro tema candente para dejar en manos de un próximo gobierno, cuando en realidad debe ser asumido por el actual con responsabilidad política y decisión administrativa. Un paso así formaría parte indiscutible de su legado a la nación.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

En interés del bien público

8 enero 2018

El inicio del penúltimo año de la actual administración establece para el Gobierno el reto de asegurar un clima de estabilidad hasta el fin de su mandato, el cual pasa por la ejecución de políticas que trasciendan su gestión, al interpretar los intereses más altos de la sociedad panameña.

Lo anterior comprende sustraer de la agenda gubernamental consideraciones políticas de coyuntura para atender de manera prioritaria asuntos de Estado, como la separación de poderes que permitan la plena independencia de la justicia, y que, como hemos indicado anteriormente, requiere reformas puntuales a la Constitución Política, y una conducción, sin obstáculos, del próximo torneo electoral por parte de las autoridades correspondientes y sin interferencia extraña alguna.

De manera puntual, y con sentido de urgencia, debe también el Ejecutivo promover condiciones para lograr la competitividad que el país necesita mostrar en el exigente escenario internacional, lo cual reclama el fortalecimiento de sectores productivos como el industrial y el agrícola, este último postergado largamente en el desarrollo nacional. Además, la educación sigue siendo un factor a privilegiar como requisito indispensable para alcanzar las metas que nos proponemos como sociedad, con énfasis prioritario en educación técnica en aquellas profesiones de alta demanda, al tiempo que el abastecimiento sostenido de medicinas debe ser atendido con la importancia que demanda la salud de la población, al igual que soluciones prontas y efectivas para el agobiante problema del transporte público.

En el último tramo de su gestión, el actual gobierno debe impedir que los trámites en el engranaje estatal caigan en una inercia paralizante que dificulte aún más un sinnúmero de actividades que concurren en la vida productiva del país, y se debe concretar la automatización de la mayor cantidad de trámites sensitivos posible para eliminar la discrecionalidad y agilizar los mismos.

Un aspecto que también impacta de manera significativa la calidad de vida de los ciudadanos es la inseguridad. Este es un problema a contrarrestar tanto con energía como con inteligencia para atacar los delitos comunes como hurtos y robos y combatir con eficiencia a las organizaciones criminales (delincuencia organizada).

En resumen, los ciudadanos deben percibir que la administración trabaja al servicio permanente del bien público y no en función del calendario hacia las próximas elecciones.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

Salario mínimo

18 diciembre 2017

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá observa con atención el proceso que debe conducir a la adopción de un nuevo salario mínimo para los dos siguientes años.

El posible crecimiento general de la economía, alrededor del 5.2%, no comprende por igual a los diversos sectores productivos, ya que se concentra en aquellos vinculados al comercio internacional como puertos, aeropuertos, el Canal, y parte de la Zona Libre, mientras en otros relacionados con el mercado interno, como el comercio, la actividad industrial, la construcción y el agropecuario es menor, lo cual se constata en los niveles de empleo.

Esto lleva a que necesariamente todo ajuste en el salario mínimo debe considerar el estímulo al crecimiento de los sectores más deprimidos, a riesgo de postergarlos aún más en las políticas de desarrollo que ejecute el país.

Desde la anterior adopción del salario mínimo, el sector privado sustentó la necesidad de utilizar modelos y ejercicios aplicados por la OIT para eliminar de las decisiones aspectos subjetivos y políticos, y hallar fórmulas equitativas, pero siempre con la idea de que dicho salario se establezca por consenso entre quienes lo negocian. Esto debió darse hace tiempo.

De corresponderle la adopción de la medida, el Ejecutivo debe atender las razones justas de las partes. Y ha de hacerlo sobre la base de proteger las plazas laborales actuales -sobre todo en las empresas más pequeñas – a la vez que promover y hacer posible la generación de mucho empleo para apalancar, de manera real y efectiva, la competitividad que demanda nuestro desarrollo.

La Cámara advierte sobre el riesgo de proceder en sentido contrario favoreciendo medidas de carácter populista, generadoras de un fácil aplauso transitorio, pero de graves y severas consecuencias por tiempo duradero.

En tránsito hacia una nueva administración, el Gobierno está llamado a actuar con la responsabilidad y la mesura que exigen la realidad económica del país y las posibilidades de nuestro futuro inmediato.

Nuevos magistrados, oportunidad histórica

4 diciembre 2017

Si bien la desconfianza ciudadana rodea desde hace tiempo la designación de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, nunca como ahora después de recuperada la democracia han sido tantos y tan serios los elementos que agravan las dudas entre los panameños.

No es Panamá el único país cuyo ordenamiento constitucional confíe la designación mencionada al Jefe del Ejecutivo y al Legislativo la potestad de aprobarla o rechazarla. El proceso observa la separación entre los poderes del Estado, confiando en su “colaboración armónica” como pilar de la institucionalidad republicana y por extensión en la solidez supuesta del sistema democrático; ecuación que por desventura no opera adecuadamente en el país. Es decir, los desaciertos no son del procedimiento; son de quienes lo ejecutan.

Sin que hasta ahora se haya esclarecido todo en torno al escándalo de Odebrecht y en consecuencia no se haya sancionado a los responsables, y no se hayan abordado otros sonados casos que seguro representarán retos adicionales y colosales para nuestra justicia, ¿cómo no explicarse la preocupación y si se quiere la suspicacia generalizada en lo que guarda relación con la forma en la cual se procederá a seleccionar a los designados  y lo que se dé en la Asamblea Nacional durante el trámite correspondiente?

El presidente de la República tiene ante sí la responsabilidad histórica de corregir lo que viene torcido desde administraciones anteriores y – además de honrar sus compromisos de campaña – dar un paso trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que muchos de los yerros de nuestra justicia tienen que ver con el desempeño de sus instancias más altas. Debemos comentar que nos parece desacertada la decisión de postergar hasta la segunda mitad de diciembre el llamado a sesiones extraordinarias para ver este importante tema, que requiere de suficiente tiempo para su análisis, toda vez que no se debe asumir que la Asamblea Nacional va simplemente poner el sello de aprobación a los candidatos que se le presenten.

Tiene, por su parte, el Órgano Legislativo la obligación no menor de cumplir su función con apego estricto a la letra y al espíritu de la Constitución. A su vez, los que lleguen al cargo estarán ante la oportunidad de honrar tal privilegio con un desempeño que les deparará el respeto  y el agradecimiento, o el olvido avergonzado de sus conciudadanos y la nación.

Políticas de Estado sostenibles

4 diciembre 2017

En las democracias sólidas y vigorosas las políticas de Estado se caracterizan por su continuidad sostenida en el tiempo, ya que trascienden a las sucesivas administraciones al comportar el interés general.

 Entre nosotros prevalece el sentido de legado que los gobernantes buscan para diferenciarse de sus antecesores, lo que los lleva a adoptar modelos que consideran mejores.

 Nuestra institución, cuando el país se encamina a una nueva contienda electoral, exhorta a las colectividades políticas y a quienes aspiran a conducir los destinos del país, a presentar estrategias que nos ahorren virajes bruscos sin sentido durante los siguientes gobiernos.

 En 1998 y bajo los auspicios del PNUD, la sociedad civil, los partidos políticos y representantes de todos los sectores del país, se logró por consenso la identificación de la Visión Nacional de Panamá 2020. “Pocos países – dijo entonces el organismo mundial – han podido tener una experiencia de este tipo. Haberlo realizado honra Panamá en su conjunto”.

 Aquel compromiso establecía metas y objetivos que debían cumplirse y “un informe periódico sobre el estado de la Nación para poder establecer sus avances”. Comprendía, entre otros aspectos, la consolidación de la institucionalidad democrática mediante la modernización y democratización del sistema electoral, la eficiencia y transparencia en la administración, y la erradicación de la corrupción y la impunidad.

 Planteaba, igualmente, el desarrollo de una economía de mercado con equidad social, a la vez que potenciar nuestras ventajas competitivas con el apoyo a los sectores económicos prioritarios; la elevación de la calidad de la vida de la población; la redefinición del proyecto educativo nacional y la sostenibilidad ambiental. Lo anterior a lograrse mediante la observancia de una serie de pactos de Estado sostenibles en el tiempo político. 

Pero la mayoría de aquellas propuestas no fueron adoptadas, y cumplir plenamente con los objetivos fijados por Naciones Unidas para las primeras décadas del milenio, relativas a la igualdad y la inclusión sociales, son desafíos insoslayables para los gobiernos siguientes, junto con asegurar para la Justicia condiciones que le permitan exigir cuentas por el manejo de los recursos públicos y sancionar a quienes sean culpables.

 La CCIAP seguirá con atención el desarrollo de la próxima campaña política, para exigir que éstas sean alcanzadas.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

Acuerdos, oportunidades y desafíos

27 noviembre 2017

Ante el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, se requieren del país esfuerzos especiales para estar a la altura de este desafío tan trascendental.

Cabe felicitar al Ejecutivo por el alineamiento de nuestra política exterior con una visión globalizadora y pragmática, que pone a nuestro alcance importantes oportunidades.

Nuestra institución, a la vez que saluda como positiva para el país la suscripción de 19 acuerdos con Beijing, destaca el hecho que Panamá debe introducir ajustes importantes para lograr los beneficios pactados. Para ello, la Cámara compromete su apoyo, ya que se trata de un terreno sobre el cual debe trabajarse con más responsabilidad que con simple optimismo entusiasta.

Además de comprometerse a estudiar la factibilidad de un tratado de libre comercio entre ambos países, los acuerdos firmados incluyen un memorándum de entendimiento que facilita las exportaciones panameñas a China.

Lo anterior frente al antecedente que Panamá ha obtenido provecho muy limitado de tratados similares en cuanto a la exportación de bienes, entre otras razones por la situación que afecta a sectores productivos marginados desde hace tiempo y durante varias administraciones, como el agropecuario y el industrial. Mientras ello prevalezca, nuestra oferta de exportación no generará los recursos que de esta oportunidad puede esperarse. Además, están las exigencias que China impone a sus importaciones, las cuales debemos satisfacer puntualmente.

También hay que considerar, de cara a la obtención del estatus de Destino Turístico Aprobado, lo que tenemos que hacer para llevar turistas en grandes cantidades más allá de la capital, con una gama de servicios de altos estándares internacionales.

La asociación con China debe potenciar nuestras ventajas competitivas si ponemos en esto una visión de Estado comprometida a largo plazo –no quinquenal- con el desarrollo del país. Para esto es necesario incluir la preparación de nuestro recurso humano mediante modelos modernos, que superen cánones obsoletos.

En todo caso, nuestro desafío mayor para alcanzar el primer mundo es la capacidad de competir con eficiencia y calidad, sobre todo cuando en la región otros actores buscan oportunidades como éstas. De eso se trata y requerirá esfuerzos extraordinarios.

Economía con sentido de la realidad

20 noviembre 2017

Si bien nuestra economía registrará este año uno de los crecimientos estimados más importantes de la región (aproximadamente 5.2%) el mismo comprende sectores vinculados al comercio internacional –Canal de Panamá, puertos marítimos, aeropuertos – mientras los domésticos como el comercio en general, industria y agropecuario se hallan deprimidos.

En dicho contexto y en la coyuntura que marcará un año nuevo, es necesario con carácter de prioridad evaluar el más reciente Índice de Competitividad Global del Foro Económico Global. Esta medición internacional indica claramente la ruta a seguir. En primer lugar, hay que fortalecer la institucionalidad, para lo cual deben darse reformas que aseguren la solidez y la independencia de la justicia, a la vez que afirmen la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. En este sentido, es necesario garantizar el nombramiento de nuevos magistrados de reconocida trayectoria, experiencia y solvencia moral.

De igual modo, se requiere la remoción de los escollos burocráticos que ahora mismo desaniman las inversiones capaces de potenciar todas nuestras ventajas competitivas, y que el gobierno central, al concluir el año, honre sus compromisos económicos locales como una manera de sanear las finanzas del Estado y cumplir con sus proveedores.

El país se apresta también a la adopción de un nuevo salario mínimo que deberá considerar, junto con una visión equitativa de nuestra actual realidad económica, políticas que lejos de escalonar una inflación desestabilizadora contribuyan a generar cada vez más trabajo permanente y riqueza creciente, por ejemplo, mediante el establecimiento de industrias de valor agregado.

En ese sentido deben imperar criterios que privilegien el interés general y la salud sostenida de nuestra economía y rehuir soluciones complacientes de efectos perjudiciales en muy corto tiempo. Es por ello que en este campo la administración debe tener presente que sus medidas trascenderán más allá del término de su gestión, en apenas unos largos meses más.

El país, además de promover e impulsar la investigación científica, necesita mejorar la educación integral de nuestra fuerza labor, principalmente en los niveles técnicos, así como revisar regulaciones anacrónicas para alinearlas con políticas que incentiven entre los panameños estudios aprovechables en nuestra plataforma de servicios internacionales.

CCIAP exige investigación completa en caso Odebrecht

13 noviembre 2017

Tras la celebración, el pasado 9 de noviembre, de la primera audiencia de validación de los acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público y directivos de Odebrecht sobre el escándalo de corrupción más grande registrado en el país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insta a las autoridades a continuar las investigaciones, de manera exhaustiva, todas las obras ejecutadas por ese consorcio desde su llegada al país hasta la fecha, con el fin de no dejar suspicacias y, asegurar que el proceso  sea transparente.

Las revelaciones y ratificaciones de información dadas hasta el momento sobre este caso son motivo de preocupación, ya que generan ambigüedad en los panameños y los sectores que, como nuestro gremio empresarial, manifiestan su condena a la impunidad, la cual no vamos a tolerar.

Estamos convencidos que se debe ejercer presión y exigir rendición de cuentas, e insistimos en que estos reclamos elevan la voz de una sociedad que espera cambios profundos en el sistema de justicia y la actuación de los fiscales, así como ver fortalecida la institucionalidad, por lo que todos debemos unirnos en esta lucha emprendida por el país contra la corrupción para que se haga justicia y se sepa, toda la verdad, caiga quien caiga.

Ante tanto delito contra la administración pública, exigimos castigos ejemplares en el marco de la ley para quienes hayan asaltado el erario. En ese sentido, hemos propuesto, entre las iniciativas dirigidas a combatir expresamente la corrupción, el reordenamiento del sistema de administración de justicia mediante una reforma Constitucional que permita retomar el Estado de Derecho, con un Órgano Judicial que constituya un verdadero contrapeso, y que junto con el Ministerio Público actúe para llegar al fondo de los ilícitos cometidos.

Panamá necesita el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo social y económico del país, que debe ir acompañado de la promoción de los valores cívicos, principios éticos y morales, con ejemplos claros y la plena convicción de garantizar el respeto al futuro de nuestros conciudadanos, generación tras generación.

CCIAP: “No a la impunidad”

30 octubre 2017

La semana pasada nuestra nación fue conmocionada nuevamente por otro fallo del Órgano Judicial y declaraciones de la Procuradora General de la Nación relacionadas al caso Odebrecht, que una vez más crean muchas dudas sobre manejo que se viene dando a investigaciones y procesos de alto perfil.  Esto acentúa la falta de credibilidad en nuestros administradores de justicia.  En ese sentido, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) quiere dejar clara su posición: “NO A LA IMPUNIDAD.  NO LA VAMOS A TOLERAR”.

Este mensaje de “no a la impunidad”, va dirigido tanto al Órgano Judicial, como al Ministerio Público.  Ambas instituciones deben buscar los mecanismos para que dentro del marco legal y en respeto al debido proceso, se haga justicia. Se acabaron las excusas.

El país necesita que estos procesos se lleven con diligencia por parte de todos los actores, para que las investigaciones puedan continuar su curso de manera expedita y eficiente, así como garantizar una justicia efectiva en tiempos razonables.

En diversas ocasiones, hemos manifestado la necesidad de construir instituciones sólidas, transparentes e independientes, para poder avanzar como nación. Esto cada vez parece más lejano en nuestro país.  Se hace imperante que las autoridades y la sociedad trabajemos en el reordenamiento del sistema de administración de justicia, mediante una reforma Constitucional que permita retomar el Estado de Derecho, con un Órgano Judicial que constituya un verdadero contra peso, y que junto con el Ministerio Público actúe dentro del marco legal para llegar al fondo de cualesquiera hechos ilícitos cometidos, sin selectividad, y administren justicia para todos, de manera imparcial y eficiente.

En este caminar hacia la reconstitución del Estado de Derecho, cobra importancia trascendental la idoneidad de quienes ocupen los nuevos puestos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; no sólo desde el punto de vista de formación y trayectoria, sino seleccionando para estos puestos, hombres y mujeres de comprobados valores éticos y morales.  Exigimos al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional ejercer su rol Constitucional para garantizar lo anterior.

Es hora de actuar y exigir transparencia por el bienestar del país, y retomemos el deseo manifiesto de hace más de tres décadas cuando nuestra Nación se empinó con un clamor de Democracia, Libertad y Justicia.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

Retos y logros del sector empresarial

23 octubre 2017

En esta ocasión, queremos hacer un alto y destacar algunos temas de gran importancia para el sector empresarial y ponderar los logros alcanzados durante los primeros seis meses de gestión de la actual Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

En torno a nuestra consolidación gremial, en enero próximo, iniciaremos un programa novedoso de capacitación para las pequeñas empresas, como una propuesta de valor para nuestros miembros, una iniciativa que se alinea a la realización de Networking, los cuales hemos incrementado para crear oportunidades y contactos de negocios. Igualmente, trabajamos en el fortalecimiento de las ferias para alcanzar el éxito como se observó recientemente, en EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ y EXPO MÉDICA.

Desde el punto de vista de la defensa de los intereses del sector privado, hemos presentado propuestas en temas fiscales, participamos de la discusión de la ley de impuesto de inmuebles, el mejoramiento en las leyes de medicamentos y los procesos en la Dirección de Farmacia y Drogas, con miras a contar con suficiente abastecimiento, así como la legislación de los cosméticos y el etiquetado frontal, entre muchos otros.

De igual forma, hemos insistido en que Panamá necesita una estrategia nacional para el sector agropecuario, es por ello, que estamos diseñando una propuesta en conjunto con las autoridades para reactivar la producción alimentaria y mejorar la rentabilidad de los productores. A través de nuestra comisión de alimentación, estamos desarrollando una campaña de educación nutricional, fundamental para la salud de nuestra población.

La educación es la clave del éxito y el principal factor para vencer la desigualdad, por tanto, el fortalecimiento de la educación particular es esencial, puesto que contribuye a disminuir la carga para el Estado.

Además, hemos creado una comisión para que estudie, analice y proponga a la Junta Directiva del gremio, una propuesta de reformas a la Constitución Nacional, con énfasis en la administración de justicia. Firmaremos esta semana un acuerdo para crear el Observatorio del Sistema Judicial en Panamá, con miras a buscar mecanismos que permitan monitorear el funcionamiento del sistema de justicia y propicien su fortaleza, creando docencia y contribuyendo a la seguridad jurídica.

Reiteramos el llamado a los tres Órganos del Estado a enfrentar los desafíos que se presenten en materia económica, social y política, además, manifestamos nuestra disposición de continuar apoyando las gestiones que contribuyan al desarrollo económico sostenible, instando a las autoridades y empresarios a seguir trabajando en un marco de permanente y constructivo diálogo de Estado con una agenda país común.

Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP.