Institucionalidad en la Administración de Justicia

18 septiembre 2017

En la coyuntura que atravesamos, en la cual nuestro país reclama justicia y ha emprendido una lucha contra la corrupción, consideramos que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público deben tomar mayor preponderancia, y ser cónsonos con las importantes funciones de estos entes y los resultados que esperamos de ellos. Por lo anterior, apelamos a que se revisen con detenimiento las vistas presupuestarias de estas entidades de administración de justica y se realicen los ajustes necesarios, dotándoles de los recursos que les permitan realizar el trabajo que la sociedad les exige, de manera independiente.

Por otra parte, los presupuestos así asignados deben ir dirigidos de manera efectiva a temas de prioridad.   Por ejemplo, vemos con preocupación que a la fecha no hay avances significativos en la implementación de la carrera judicial, ley de la República desde 2015, y la cual requiere de inversión en infraestructura, tecnología, contratación de personal, evaluación de gestión y capacitación, así como la creación del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia.

Por otra parte, hay tribunales como los relacionados a pensión alimenticia, procesos de insolvencia, comarcales y ambientales, que fueron creados por Ley pero que no han sido ejecutados ya que no se les ha designado jueces, personal o espacio físico.

Nuestros administradores de justicia deben ser las personas más idóneas para el puesto, con solvencia moral y de ejecutoria, gozar de estabilidad laboral, compensación y beneficios que los motiven y que nos aseguren contar con administradores de justicia incorruptibles.

Con independencia, seguridad y calidad de la justicia, lograremos el tan anhelado Estado de Derecho que nos permitirá avanzar como Nación, asegurando los derechos de todos nuestros ciudadanos.

Es necesario fortalecer la transmisión de energía en Panamá

11 septiembre 2017

La semana pasada, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en conjunto con otros gremios empresariales, autoridades y expertos internacionales, mediante un conversatorio ampliado, abordaron el fortalecimiento del sector de la energía eléctrica en Panamá, en particular de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), para hacer de ésta, un ente que pueda competir en el sector privado de la transmisión de energía.

Consideramos que acciones como éstas son positivas, sobre todo, cuando el diálogo entre los sectores público y privado es fundamental para buscar alternativas de cómo mejorar la eficiencia operativa de esta empresa estatal, la cual sienta la base para trabajar en mecanismos concretos tanto en ésta como en otras compañías que prestan servicios estratégicos para el país.

Como sabemos, la situación de nuestro sistema de transmisión es compleja y resolverla no es una tarea fácil, por lo que se necesita de mucho esfuerzo, fondos y voluntad política para lograrlo.

Esta iniciativa conllevará a la redacción de un documento que establecerá las bases de una Estrategia Nacional al Gobierno y servirá como guía en el mejoramiento de nuestro sistema eléctrico, que en los últimos años ha mantenido una situación crítica.

Un suministro confiable de energía es clave para el sostenimiento del crecimiento económico. Proyectos de infraestructura como las Líneas 2 y 3 del Metro y la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, requieren un suministro estable de electricidad. Además, la entrada en operación en un futuro cercano de 2 planteles de generación de Gas Natural, de más de 350 megavatios cada uno, y varios planteles eólicos y solares, necesitan un sistema de transmisión robusto.

Aprovechemos la oportunidad para rescatar, juntos como país, las mejores ideas para ponerlas en acción de inmediato e impulsar el desarrollo económico y social, en este vital campo del acontecer nacional.

Fortalecimiento de las Instancias Judiciales del País

4 septiembre 2017

En los últimos años, se han registrado un cúmulo de procesos relacionados con actos de corrupción sin precedentes que están siendo atendidos por las investigaciones que realizan los fiscales y que tienen que ser resueltos por el Órgano Judicial. La justicia requiere que estas actuaciones se enmarquen en los principios de legalidad, debido proceso y sean manejados de manera eficiente, de lo contrario el país continuará perdiendo la confianza en las instancias llamadas a ejercer estas funciones.

Ante ese escenario, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en reiteradas ocasiones ha enviado el mensaje de que nuestra democracia requiere de instituciones transparentes e independientes para su debido funcionamiento. Es necesario de que en Panamá logremos un verdadero Estado de derecho, donde impere la ley, y ésta sea aplicada a todos, sin diferencia.

En ese sentido, este gremio empresarial insta a las autoridades y a la sociedad a trabajar en el reordenamiento de nuestro sistema de justicia, mediante una reforma Constitucional que nos permita avanzar como nación respetuosa del derecho, con un Órgano Judicial que sea un verdadero contra peso y administre justicia de una manera imparcial y eficiente.

En ese entorno, estamos convencidos de que el proceso de la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cobra mayor importancia en estos momentos, por lo que apelamos a que quienes sean seleccionados a estos cargos, sean las personas más idóneas, con altos estándares morales y sean seleccionados luego de un amplio debate que compruebe tales méritos.

Contratación pública

28 agosto 2017

La semana pasada fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley que reforma la normativa que regula la Contratación Pública, luego de haberse mantenido engavetado por más de un año cuando fue objetado por el Órgano Ejecutivo. Considerando que este documento contó con amplia consulta y fue trabajado por diferentes sectores durante muchos meses, vemos esto como un primer paso positivo para un país que busca transparencia y eficiencia en la administración pública.

No obstante, aún necesitamos demostrar que hemos madurado como nación y promover modificaciones y/o nuevas leyes que nos permita dotarnos de una legislación novedosa, enfocada a la transparencia y eficacia. Para ello, es imprescindible que, entre otros aspectos, se agilicen los procesos para que las entidades y empresas estatales que prestan servicios públicos sean más eficientes en sus compras, contrataciones y mantenimiento, a la vez que se trabaje en una ley de medicamentos y suministros médicos a la altura de las necesidades del país.

Con el aprendizaje que hemos recibido luego de los sobresaltos y señalamientos, apelamos a que la rendición de cuentas, la minuciosa fiscalización de las autoridades creadas para este propósito y la realización de auditorías, sean garantes de que el camino se ha rectificado.

Lograr una legislación que fortalezca nuestra reputación y corrija el rumbo del país es un reto importante, pero no mayor que el desafío que representa recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades y institucionalidad del país.

Impuesto de inmueble

21 agosto 2017

El Proyecto de Ley 509, “Que modifica artículos del Código Fiscal en materia de Impuestos de Inmueble y dicta otras disposiciones”, si bien ofrece importantes ajustes de la tarifa del impuesto de bien inmueble, ha generado mucho debate, dudas y preocupación entre la ciudadanía y el sector privado.

Consideramos que el término “Patrimonio Familiar Tributario” es confuso e incluso puede ser excluyente, por lo que sugerimos cambiarlo por “residencia principal de la persona natural o del beneficiario final de una persona jurídica”, para asegurar el beneficio para la residencia principal de cualquier contribuyente. Por otra parte, al haberse eliminado las exoneraciones, las tasas de impuesto propuestas son muy altas. Hemos planteado aplicar una tasa única para residencia principal y otra para el resto de las propiedades, ya sean viviendas o locales comerciales.

Lo que más ha causado preocupación de este proyecto, tal como está planteado, es el impacto que tiene sobre industrias como turismo, reforestación, logística, generación y transmisión de energía eléctrica y construcción, por mencionar algunas que crean un número importante de plazas de trabajo y han arriesgado capital en nuestro país esperando respeto a la seguridad jurídica.

Apelamos al respeto de las condiciones impositivas y exoneraciones actuales a los que ya se ha comprometido el país, así como a que se permita a los proyectos que reciban permiso de construcción antes de la entrada en vigor de la legislación acogerse a las disposiciones actuales. Cambiar las reglas del juego a la mitad del partido, no solo puede colocar al país en una posición de desventaja y es incongruente con el actual plan estratégico nacional y las políticas de estado que han emprendido las autoridades desde hace varias décadas para atraer inversiones, sino que podría ser violatorio de convenios internacionales y, en consecuencia, traer importantes reclamos contra la República de Panamá.

Confiamos en que, la consulta que inicia esta semana, se realizará a conciencia y sustentada en aspectos técnicos, procurando los mejores intereses de la Nación.

Panamá, la República que queremos

10 julio 2017

La semana pasada, representantes del sector público y privado que participamos de Cena Empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), tuvimos oportunidad de escuchar la disertación de Gloria Álvarez, quien se ha destacado por su lucha contra las prácticas que deterioran los sistemas democráticos en América Latina.

Sus planteamientos nos llevan a cuestionarnos si estamos encaminados al Panamá que aspiramos todos, donde no se repliquen situaciones como las que atraviesan otras naciones de la región, que han degenerado en crisis social y política.

El Panamá que queremos es un país con instituciones fuertes e independientes, un sistema de libre mercado y empresa, donde existe seguridad jurídica, permea el desarrollo e impere la Ley ante la cual todos somos iguales. Un país donde la meritocracia es la norma en la designación de funcionarios que trabajan con agendas de Estado como parte de una burocracia estable y eficiente, y tienen respeto por las acciones bien ejecutadas de quienes les precedieron en el cargo, que acabe con el círculo vicioso de desechar todo lo anterior.

En el Panamá que queremos, por encima de todo, hay educación de calidad, que le brinda las herramientas a los ciudadanos para continuar construyéndolo, donde se forjan individuos que fomentan y aprovechan las oportunidades que presenta el país, que están conscientes de que los gobiernos no están para entregarle regalos o regular mercados, y saben que cuando los gobernantes lo hacen, están debilitando la democracia.

Las cualidades de la República que queremos y merecemos, exige un debate en el que participen todos, pero siempre con respeto, un valor fundamental para el desarrollo de una sociedad abierta y en armonía.

Veinticuatro meses para atender asuntos críticos

26 junio 2017

Al iniciar el cuarto año de gestión del Gobierno Nacional, es obligatorio reflexionar sobre los avances y, especialmente, los asuntos que deberán ser resueltos con la mayor prontitud posible. Como hemos advertido anteriormente, la cercanía del año pre electoral podría distraer la atención de las autoridades para darle solución.

Entre los aspectos positivos figuran los logros en materia de innovación gubernamental, a pesar de que aún falta bastante por hacer en temas clave como la administración tributaria y el pago de cuentas del Estado. Se destacan también las primeras acciones emprendidas en la Caja de Seguro Social, al iniciar la mejora del servicio y la disminución de la mora quirúrgica, así como los avances de la línea 2 del Metro de Panamá, las obras para disminuir el déficit habitacional y la construcción de carreteras, entre otros proyectos que tendrán un impacto positivo en la calidad de vida de miles de personas.

Sin embargo, las inversiones en infraestructura ejecutadas con fondos públicos y los programas sociales, no son determinantes para medir el desempeño de un gobierno. Las autoridades están llamadas a atender, con políticas públicas, asuntos de prioridad como la prestación eficiente de servicios básicos (agua, aseo y saneamiento, salud, transporte, otros), los que consideramos deben ser manejados por empresas estatales con una estructura de gobierno corporativo que trascienda los ciclos políticos, con planes a largo plazo, y con autonomía presupuestaria.

A estas alturas hay asuntos que hubiéramos esperado que estuvieran completados o en avanzada etapa de ejecución, los cuales esperamos reciban prioridad en la agenda de trabajo, como es el planteamiento de una estrategia nacional para el impulso del sector agropecuario, el rescate del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social y un diálogo a conciencia que reforme nuestra Constitución Política para fortalecer los Órganos del Estado.

En materia educativa, apelamos a que se honren los acuerdos del Compromiso por la educación, se cumpla con las evaluaciones que sustentan los pasados ajustes y se retomen las iniciativas fiscales que incentiven la inversión en educación particular, que disminuye la carga para el Estado.

Esta ocasión, amerita el planteamiento de las expectativas que tiene el sector privado frente a un país donde existe una preocupación constante por la disminución en el ritmo de crecimiento y el incremento del desempleo. Si bien, las perspectivas económicas para este año son positivas, es innegable que hay indicadores que han disminuido su ritmo. Estamos convencidos de que, para frenar y modificar esta tendencia, mayor acercamiento y cooperación entre las autoridades y el sector privado, será clave.

Este año será la última revisión del salario mínimo del actual gobierno. Reiteramos que, para que esto no sea nuevamente una herramienta política que provoque efectos inflacionarios, este ajuste debe fundamentarse en asuntos técnicos, incorporando la fórmula de la Organización Internacional de Trabajo, tal como fue acordado en la pasada revisión.

Sin lugar a dudas, el mayor reto en los próximos meses continuará siendo subsanar la apatía general y recuperar la confianza ciudadana en la clase política y las instituciones, fundamentales en una democracia participativa como la nuestra.

Consenso y consulta

19 junio 2017

En reiteradas ocasiones hemos señalado la importancia de la consulta y consenso de las iniciativas emprendidas, especialmente cuando tienen impacto en diferentes sectores y en la ciudadanía, para evitar rectificaciones como la que se dio recientemente con el Decreto Ejecutivo 130, iniciativa que tiene amplio espacio de mejora en su redacción y que, es evidente que, entre mayores hubieran sido los aportes, menos sobresaltos se hubieran presentado.

Hoy vivimos las consecuencias de la falta de inclusión de todos los actores en temas como la educación, por ejemplo. Quienes invierten en educación particular para sus hijos, se verán impactados por los incrementos salariales negociados en la pasada huelga de docentes, cuando no se consideraron algunas normativas que rigen a los planteles privados.

Apelamos a la consulta continua en asuntos que impactan la economía nacional y la calidad de vida de los ciudadanos, como los servicios básicos, para obtener aportes que resulten en normas claras y justas, que no causen confusión.

Siendo que se aproxima el inicio del tercer periodo de legislatura ordinaria, consideramos relevante insistir en esto con el objetivo de evitar inquietudes innecesarias en el país, mantener la paz social y procurar que el desarrollo permee a todos.

Uso responsable de los recursos de todos

12 junio 2017

Como hemos manifestado a las autoridades en reiteradas ocasiones, la modernización del Estado y la simplificación de trámites burocráticos son esfuerzos fundamentales para impactar positivamente los indicadores económicos.
En esta ocasión nos enfocaremos en la administración tributaria, que está urgida de una modernización que implique la mejora en el sistema de recaudación de impuestos y la agilización de procesos para los contribuyentes aplicados por la Dirección General de Ingresos, DGI.
Mediante diversas reformas, se ha impuesto una carga cada vez más alta a los empresarios, a quienes se ha trasladado la función de recaudador o se le ha impuesto la obligación de adelantar impuestos que en ocasiones no se llegan a generar.  Nos referimos al CAIR, el sistema de “adelantos” a impuestos mediante mecanismos de retención, y más recientemente la creación de los agentes retenedores del ITBMS.  Adicionalmente, existen fallas en el reconocimiento y aplicación de créditos fiscales como el tema de los créditos por intereses preferenciales y otros.  Estos temas afectan la actividad de las empresas y hemos expresado nuestra preocupación a las autoridades, por lo que exigimos que, así como se han impuesto obligaciones a las empresas, se tramiten de manera expedita y de acuerdo a las normas aplicables las solicitudes de no aplicación del CAIR, las devoluciones de impuestos en exceso pagados y los reconocimientos y aplicación de créditos fiscales, entre otros trámites.
Abordar asuntos fiscales, nos obliga a reiterar que es indispensable la prudencia en el gasto público, especialmente lo que se refiere al gasto de funcionamiento de los entes del Estado, que deben operar de la manera más eficiente, logrando el cumpliendo de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo anterior implica, entre otras cosas, la aplicación de sanas prácticas en cuanto a la contratación de personal en los entes estatales, la necesidad de revisar constantemente los subsidios, que anualmente superan los mil 300 millones de dólares, y que deben ser focalizados a los grupos vulnerables y las poblaciones que realmente lo necesitan.
Priorizar las inversiones públicas debe ser también parte del plan de acción en la administración responsable de los fondos públicos.
Recordemos que hacer uso responsable de los recursos del Estado, es tan importante como la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad y corrupción.  La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reitera su disposición de colaborar con las autoridades en la definición de una política fiscal eficiente, que incluya la simplificación de trámites burocráticos y la eliminación de carga indebida de responsabilidades fiscales a empresas y personas.

Inocencio Galindo De Obarrio

Presidente CCIAP

La lucha contra la corrupción es de todos

5 junio 2017

Sin lugar a dudas, tenemos una sociedad agotada de los sobresaltos que agitan al país desde que iniciaron las investigaciones por delitos contra la administración, una sociedad que reclama respuestas, justicia y castigos ejemplares.

Existe un genuino interés de adecentar el país, para lo que todos debemos tomar responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Es inaceptable que algunos detractores busquen desvirtuar los avances obtenidos y las herramientas de negociación que se han puesto a disposición del Ministerio Público para atender este asunto sin precedentes en nuestro país.

La Procuraduría General de la Nación tiene un rol fundamental en esta lucha contra la corrupción, pero no es la única que debe estar comprometida con este objetivo. Apelamos a que se resuelva cuanto ante las acciones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que avancen las investigaciones. Todo lo relacionado a los señalamientos de corrupción son asuntos sensitivos y de interés nacional, por tanto, ameritan atención prioritaria, pues se trata de nuestros recursos económicos y la decencia del país.

Confiamos en que las autoridades de justicia de Panamá podrán llegar a los acuerdos necesarios con Odebrecht y otros implicados, en apego al debido proceso y en cumplimiento con la Constitución y la Ley, para que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se devuelvan al erario los dineros del pueblo, a fin de que enviemos un mensaje claro de que en nuestro país no se tolera la corrupción.

Apelamos a que las investigaciones se mantengan estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados.